Algunas lecciones desde Colombia (entrevista con Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre)

Algunas lecciones desde Colombia

Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre (PL), recuerda cuando Pablo Escobar Gaviria comenzó a poner coches-bomba en Colombia.

“El poder de la ciudadanía es algo que hay que construir. Es una forma de canalizar el hastío y el repudio de vejámenes como el secuestro”

Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre (PL), recuerda cuando Pablo Escobar Gaviria comenzó a poner coches-bomba en Colombia. Era, junto con el secuestro que afectaba a todos los grupos sociales, una forma de responder a la presión del gobierno que amenazaba con la extradición a Estados Unidos. Cuando el famoso narco, quien incluso fue diputado, dijo: “Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”.

Hablamos por teléfono. Olga Lucía tiene claro por qué, en su país al menos, tanto los narcotraficantes como los grupos armados (que allá son ideológicos, guerrillas de izquierda como las FARC y el ELN, o de derecha, como grupos paramilitares) llegaron al extremo de cometer actos terroristas.

“Es un toma y dame: es someter a presión al Estado porque se sienten presionados. No es que estén asustados. ¡Nada! Es una contienda, es una pelea”.

Gómez, directora de esta fundación creada hace 17 años para luchar contra los secuestros, hace muchas otras cosas más: apoya a las víctimas, crea campañas en medios, coadyuva a la creación de políticas públicas y al análisis científico del fenómeno del secuestro y también el de la desaparición forzada. Calculan que en los últimos 12 años se han dado 25 mil secuestros.

Siguen haciendo marchas. La más grande fue en 1999 (en ese año se denunciaron 4 mil secuestros): 12 millones de colombianos salieron a la calle, casi uno de cada cuatro habitantes del país.

“El poder de la ciudadanía es algo que hay que construir, movilizar, organizar, engatillar. Es una forma de canalizar el hastío, el repudio y la atrocidad de vejámenes como el secuestro. Es muy importante para un ciudadano común y corriente. Se siente parte de un país”.

Son muchos los logros de PL. En 1993, lograron que se promulgara la ley 40, la primera de iniciativa popular al recaudar más de un millón de firmas y que endureció las penas contra los secuestradores.

“En ese tiempo pensábamos que endurecer las penas era la vía. Pero la evolución de los últimos años nos ha mostrado que si no tenemos un sistema judicial fuerte que aplique la norma, nada ganamos con penas fuertes. No pasa nada”.

La ley 40 también fue revisada por la Corte, quien echó por tierra varios artículos. Como el de congelar los bienes de las víctimas para que no pagaran rescate a los secuestradores.

“La Corte invocó que la vida del secuestrado vale más que los bienes de las familias. Si el gobierno no tiene la capacidad de rescatar o hacer algo por la víctima, a la familia le toca pagar”.

En 2004, fue la primera ONG en levantar una denuncia contra el Estado colombiano ante la Corte Penal Internacional por su ineficacia para juzgar a los integrantes de las cúpulas de las organizaciones armadas.

Y ha seguido ayudando a crear otras leyes que protegen a las víctimas de secuestro: el acuerdo 124 o la ley 986, que protegen el patrimonio de los secuestrados y sus familias. Obliga a que el Estado pague los salarios de los secuestrados mientras están retenidos, bequen a sus hijos y no paguen impuestos.

Es interesante saber que País Libre es una fundación creada por el que ahora es el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Él, cuando era editor jefe del diario El Tiempo, fue secuestrado durante ocho meses por Los extraditables. No es el único destacado integrante del gobierno colombiano que pasó por un trance así: el padre del presidente Álvaro Uribe fue secuestrado y asesinado por las FARC.

A vuelo de pájaro Olga Lucía comenta algunos de los aprendizajes dolorosos que han tenido en los últimos años con el fin de compartirlos con México. Primero, precisa una gran diferencia:

“En México no tienen grupos armados ‘políticos’: guerrillas y paramilitares. En Colombia tenemos un conflicto armado e ideologizado. Allá es puro negocio, mero business, y un tema criminal fuerte con el agravante, según entiendo, de que la corrupción del Estado vuelve mucho más vulnerables a los ciudadanos. Cuando una organización criminal logra infiltrase en las esferas del Estado, es un reto muy grande”.

Destaca la importancia de denunciar a los delincuentes y de que cada actor cumpla su papel y no traslapen límites. Se refiere en particular a no crear grupos de autodefensa social o brigadas blancas: costosos grupos de seguridad privados que defiendan a la sociedad pudiente. Cuando eso sucedió allá, más tarde esos mismos “grupos de autodefensa” se volvieron paramilitares. Y terminó en otra confrontación igualmente complicada.

Además de la denuncia, la sociedad civil organizada tiene que hacer programas de prevención sin armarse. Hacer estudios sobre dónde, cómo y cuándo se secuestra. Hacer mapas de riesgo. También saber cuáles son las causas del secuestro e incidir en ellas.

“En Colombia vimos que uno de los principales problemas de por qué el secuestro estaba así era la impunidad. A la gente la secuestran, paga y no pasaba nada. Los secuestradores seguían libres. El mensaje es que era un negocio rentabilísimo y se duplicó”.

Otra parte es buscar que el gobierno se “purgue” a sí mismo: “El narco es un negociazo y permea todo”. Lo dice ella, colombiana, de un país que investigó a uno de sus presidentes porque se comprobó que dinero de la droga estuvo en su campaña. Ernesto Samper se salvó de caer porque aseguró que no estaba enterado…

Otro paso es exigir que los sistemas del Estado trabajen de manera coordinada. En Colombia, desde 1996, existen los llamados grupos GAULA (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal). Todas las instituciones de seguridad y de justicia del Estado juntas: policía, inteligencia, fiscalía, Ejército y también el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).

“Nacieron bajo el supuesto de que la acción articulada de los organismos del Estado pueden dar una respuesta más efectiva. Este modelo ha resultado también porque, supongo que en México también pasa, hay unos celos institucionales espantosos. La policía y el Ejército no se podían ver. Lo que ha hecho el gobierno de Uribe, que entró frontalmente con el tema del secuestro, fue decirles a cada entidad del Estado: ‘Me hacen el favor y dejan de pelear y competir. Todos, en articulación, me muestran resultados’”.