Un controvertido fallo de la SCJN o de cómo Stephen Hawking no podría ser funcionario en México

A finales de la semana pasada, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dio una muy controvertida discusión que tiene muy enojados a diversos sectores de la comunidad de personas con discapacidad y que trabajan con ellos. Tanto que se está pensando –aunque la reacción me parece que ha sido tardía—hacer alguna carta/manifestación para demostrar inconformidad así como pedir una reunión con algunos de los ministros de la Corte para hablar del tema.

Como última instancia del poder jurídico, a la SCJN llegó un caso que le envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trataba de analizar si el artículo 24, fracción II, de la Ley General del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco , que se publicó en el Diario Oficial de la entidad el 31 de diciembre de 2009, era Constitucional o no. La CNDH envió sus argumentos para declararla inconstitucional: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/CorteInteramericana/19.pdf .

La CNDH, en resumen dice que es porque violenta el artículo 1 http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/2.htm?s –que habla sobre el derecho a la no-discriminación—y el 133, http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/134.htm en el cual se dice que es Ley Suprema, junto con la Constitución, los Tratados Internacionales que México haya firmado y ratificado y que incluye la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad, ratificado por México en el 2001.

Para mi sorpresa, el argumento de la CNDH NO contempló también, dentro de su argumentación, EL instrumento más importante y nuevo: la  Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  de la que tanto hemos hablado en este blog por su importancia y porque cambia la manera de ver la discapacidad. Mirada que el Estado Mexicano, al ratificarla, asume.

¿Vamos bien? Ahora, ¿qué dice el artículo impugnado? Se los cito a continuación:

Artículo 24. Se puede revocar el mandato de los miembros del Ayuntamiento por alguna de las siguientes causas:

I. Por reincidir en las causales de suspensión establecidas en el artículo 23, con excepción de la fracción VIII;

II. Por incapacidad permanente física o mental;

III. Porque exista sentencia judicial por delito doloso que haya causado estado, en la que se imponga como sanción la inhabilitación o cuando la pena impuesta exceda del término de su ejercicio; y

IV. Derogada.”

Ahí está el caso. ¿Qué pasó? Tras 5 horas de discusión en el pleno los días 17 y 19 de enero pasado, los ministros por abrumadora mayoría –sólo Olga Sánchez Cordero votó en contra, declararon que el artículo de la Ley de Jalisco era constitucional.

¿Cuál es la inconformidad? Que, hasta donde entiendo y se han quejado personajes como Carlos Ríos Espinosa, abogado mexicano, persona con discapacidad y parte de la comisión de expertos de la ONU para vigilar la implementación de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad (CDPD de aquí en adelante), aunque suene INCREIBLE, los ministros hicieron un fallo al parecer poco informado y caduco.

Sí, me parece increíble pero así parece. Y es que tampoco ninguno de ellos citó, para decidir si el artículo de la Ley de Jalisco era inconstitucional la CDPD. Y es importante por dos cosas:

La primera es que el año pasado, el 10 de junio,  se hizo una reforma constitucional importantísima en México que  reconoce explícitamente que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución. Si los ministros no vieron a la luz de la CDPD este fallo… pues fallaron.

Y segunda es la propia visión que sobre la discapacidad da la CDPD. En

resumen de a centavo, simplificándolo muchísimo es que cambiamos de paradigma con respecto cómo ver, entender e incluir en la sociedad a las personas con discapacidad. De verlos como “enfermos” y sujetos, casi objetos, de asistencialismo –el modelo médico— a otro modelo: el social y de derechos que plantea la CDPD. Así, la discapacidad debe ser vista, primero, como una condición y segundo, no puede verse de manera estática e inherente a un individuo, sino a un sistema. Cito la propia Convención: “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Este enfoque, pues, jamás fue discutido. Además, los propios ministros usaban un lenguaje para referirse a las personas con discapacidad – el término correcto, como saben—viejo, como “discapacitados”. O decían que las personas “sufren” discapacidad. Y esto, me parece, que es algo que si bien es parte de una cultura que estamos cambiando, es muy preocupante que sea el lenguaje que utilicen ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¡hombres y mujeres muy preparados quienes además tienen, literalmente un ejército de secretarios que les ayudan a preparar sus argumentaciones!

Resulta, de nuevo, aunque parezca increíble, que los ministros al discutir el tema sobre qué era la discapacidad y la incapacidad, para ver si se diferenciaban o no, recurrieron al… ¡Diccionario!, raíces etimológicas, o bien a definiciones que no se ven a la luz de la CDPD.

Como lo dijo el mismo ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano:

“Alguien que asistió a una conferencia que él impartió [Stephen Hawking] dice que es terrible, porque para decir dos palabras tarda segundos y a veces minutos, que entonces son conferencias de una lentitud pavorosa, pero que siempre quien asiste, independientemente del cansancio por la atención prendida sobre un lenguaje muy

lento, siempre sale con alguna enseñanza, porque tiene una gran inteligencia, matemático, físico, etcétera. … Yo pienso lo siguiente: No hay alternativa, [Stephen Hawking] estaría incapacitado para ser miembro de un Ayuntamiento, no podría nadie moverse a esa velocidad para poder tomar acuerdos en un Cabildo, por ejemplo.”

El tema es que sí hay alternativa. Sí debe haberla a la luz de la Convención que los ministros no contemplaron. Tenemos que buscarla para lograr la construcción de la sociedad que buscamos.

Retomo lo que explica el abogado Agustín de Pavía Frías en su análisis-crónica de Discapacidad.com que recomiendo mucho http://www.dis-capacidad.com/nota.php?id=1803: falta que se redacte la sentencia de acuerdo a las opiniones expresadas por los ministros. Y en esta etapa es importante varias cosas:

“Para ello la sentencia necesita tratar los siguientes temas: incapacidad en términos civiles y de la administración pública, la incapacidad en términos laborales y de seguridad social y por ultimo aspectos de garantía de audiencia de personas con discapacidad.  Existe la posibilidad que estos términos se conviertan en jurisprudencias y así modifiquen como se aplica la Ley para las Personas con Discapacidad en México.

Ahora en relación con la sentencia esta debe definir la incapacidad civil únicamente a aquellas personas que no puedan gobernarse a sí mismos y expresar su voluntad, por ningún otro medio.  Se debe aclarar que las personas con discapacidad siempre tienen capacidad de expresar su voluntad a través de medios de apoyo y no pueden ser consideradas como incapaces”

Tema complejo el de hoy, ¿verdad? Pero muy importante. Para acabar de clarificarlo, los invito a leer hoy en El Universal un artículo que publica Carlos Ríos Espinosa. En cuanto tenga la liga, la comparto.

 

Además el mismo Carlos estará bloggeando aquí para aclarar dudas de 12 a 13 horas.