¿Accidentes, errores o fallas? • El sobrinito de la gobernadora

Julio de 1987. De la Madrid llegaba Ciudad Juárez a bordo del avión Presidente Cárdenas. Para 1988, ya con Salinas como Presidente, el nuevo avión se llamaría Presidente Juárez. /Foto: Especial.

¿Será que la secretaría de la Defensa no nos está diciendo toda la verdad?

Eso me preguntaba ayer tras leer la carta que el general de brigada Ricardo Trevilla Trejo mandó a uno de los medios que publicó lo de la propuesta compra multimillonaria del nuevo avión presidencial.

Y es que el encargado de comunicación de la Defensa defiende la compra de la nueva –o más nueva, pues, porque podría ser una usada—aeronave básicamente argumentando razones de seguridad y que el Congreso los exhortó, cosa ciertísima, a renovar la flota aérea a cargo del Estado Mayor que ya tiene más de 25 años de servicio.

Y que dice:

–Máxime que en las últimas dos administraciones son ya tres los secretarios que han fallecido en distintos accidentes aéreos.

¡Epa! He ahí la duda. Hasta donde leo, se está planteando cambiar el avión presidencial, el famoso TP-01 y creo que también el TP-02, que podría ser vendido para entonces comprar otro. Pero los secretarios que murieron en accidentes aéreos (Ramón Martín Huerta, en un helicóptero; Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake en jets) NO perdieron la vida en él.

¿Quiere decir que los demás aviones que utiliza nuestra clase política VIP también están viejos, deben cambiarse por seguridad?

Porque a todo esto, salvo el accidente de Ramón Martín Huerta, que fue reservado por 12 años durante el sexenio de Fox, todos los demás han sido “errores humanos”. ¿O no es así?

Como sea, la decisión la tomará la nueva administración federal, advierte la Sedena. Lo cierto es que el cambio de avión presidencial ha sido algo en la agenda desde por lo menos el inicio de este sexenio. Felipe Calderón prefirió postergar la compra; no así invertir en algo que para él es esencial: que tuviera, desde julio de 2008, conexión inalámbrica a internet.

Y en su momento, cuando se adquirió el TP-01, en la última etapa de Miguel De la Madrid,  se dijo que sería mejor que el de Ronald Reagan.

 

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibirán, a partir de este viernes y durante la próxima semana, visitas interesantes. Nada menos que a integrantes de las dos Coaliciones –Movimiento Progresista y Compromiso por México—que se acusan, unos a otros, de diversas irregularidades.

Mientras el Movimiento Progresista de AMLO pide la invalidez de la elección y para ello ha presentado “miles” de pruebas según dice en spots –entre ellas notas periodísticas y artículos llamados “utilitarios” como gorras y vasos; el PRI quiere que se investiguen los recursos que AMLO utilizó para financiar su campaña no oficial a la presidencia durante 6 años.

Aquí lo interesante será ver qué dicen los magistrados sobre los tiempos, si se puede hacer algo….

Y es que ridículo como parezca, la ley establece que primero ellos deben calificar la elección y sería hasta 2013 que sepamos –por el IFE—si alguien violó los topes de campaña, uno de las denuncias más sentidas.

De nuevo, es ridículo. Pero así está la ley que votaron –y festejaron– todos los partidos.

 

Que sí, pero no es para tanto y no es lo que pudiéramos pensar. Eso, en resumen, es lo que dice la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, sobre una nota que se publicó esta semana: que su sobrinito de 5 años, hijo de su hermana Guadalupe, es dueño de algo así como 156 hectáreas en Yucatán.

La nota, originalmente publicada en El Diario de Yucatán, asegura que el niño es dueño de 10 predios que suman esa extensión  y ahora su tía gobernadora dice que sí: pero fue una donación hecha por sus padres fruto de una herencia en vida, vía donación, de su cuñado, Cornelio Aguilar.

Que en realidad no son 10 predios, sino uno sólo que  fue fraccionado, que pertenecía a los hermanos de  Cornelio y que él fue comprando a sus familiares y que ahora le deja a su hijo. Y no hay nada que ocultar.

Como sea, 156 hectáreas…

 

El que ya dijo siempre no y qué bien fue el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, mejor conocido como Javidú. Que para que no malpensemos mejor retira el famoso párrafo que propuso a su Congreso de una nueva ley electoral que prohibiría  a los medios criticar a candidatos o partidos si reciben publicidad de ellos. Menos mal. Porque sí estaba pasando por (más) autoritario.

Por cierto, hablando de Veracruz. Está preso ya Willy Sousa y su madre, Virginia Sousa.  Acusados por sus ex socias por presunto fraude por 60 millones de pesos que le fueron dados para el museo itinerante “México en tus sentidos”. Sí, parte de los festejos del Bicentenario, los cuales aún dejan muchas cosas qué aclarar…

¿Pero sabe qué también hizo Willy Sousa? Dar esa factura fast track que exhibió el gobierno veracruzano  por el asunto de los 25 millones de pesos en efectivo que se trasladaron—con todo y funcionarios, claro—en un avión del estado. Que fueron detenidos, decomisados y luego regresados al erario….

 

En este país no éramos huraños, nos hicimos. Por eso cada vez que sabemos que algún familiar –hermano, padre, madre, sobrina, hermana o hermano—de alguna figura pública metido en algún ilícito, de inmediato injusta o justamente, lo relacionamos con el o la familiar “famosa”.

Es un poco parte de la dinámica de los medios de comunicación, de aquí y de China, para bien o para mal. Pero también parte del sospechosismo “natural” y sin duda perverso, quizá, de un sistema en el que los familiares suelen solapar a sus parientes.

Ahora lo vive Xóchitl Gálvez, ex candidata a la gubernatura de Hidalgo, ex candidata a senadora, ex comisionada para los Pueblos Indígenas y una mujer que se ha dado a querer –me parece que para muchos comunicadores—en estos 12 últimos años por su franqueza y trabajo.

Sí, su hermana más chica, Jacqueline Malinali, acaba de ser detenida por ser presunta secuestradora de una banda terrible llamada los “Tolmex”. ¿Y qué hace Xóchitl? Sale a dar la cara, a contar la historia y a hablar desde el corazón. No, no sabe si su hermana es culpable o inocente. Si fuera culpable, debe pagar y ella se pone del lado de las víctimas, dice con el dolor de una hermana. Incluso piensa desde ahora trabajar –ella que ya se había salido de la esfera pública—en la prevención del delito.

Y dice algo muy sensato que seguro comparten muchas familias mexicanas: habrá que hacer un análisis de qué pasó en su familia….

 

Como si nos faltara uno. En medio de toda esta crisis por financiamientos electorales y compra de votos, es  Jesús Zambrano quien reta a Pedro Joaquín Coldwell a debatir para contrastar numeritos y acusaciones. Al parecer sí se realizará. Solo falta la sede. ¿Alguna propuesta?