Ricardo Adair. ¿Lo dejará la SCJN decidir sobre su vida?

Un nuevo caso, relacionado con un adulto con discapacidad intelectual, podría ser atraído para su discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana que entra y la verdad, está interesantísimo: es un tema que implica uno de los grandes temas tabú en México –y en parte del mundo– con relación a este grupo poblacional: si deben o no (yo sostengo que sí) tener derecho a decidir sobre su vida.

El hombre que interpuso un recurso de amparo se llama Ricardo Adair Coronel Ramos, tiene 23 años, trabaja en el Museo Soumaya y tiene síndrome de Asperger. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Bueno, un trastorno del espectro autista.

 

Él, junto con su familia y un grupo de abogados que lo representan pro-bono, Paula Méndez Azuela y Andrés Aguinaco Gómez-Mont presentaron un amparo que busca que, en pocas palabras, que  le quiten su “estado de Interdicción”. La demanda está dirigida al gobierno del DF y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por “violaciones sistemáticas a sus derechos humanos”.

 

Antes de seguir hay que explicar qué es eso.  La figura que está a discusión se llama “estado de interdicción”. Básicamente lo que implica es que la persona que está en ese estado –tras un juicio que interpone su familia y dos dictámenes médicos que certifiquen que la  persona lo amerita—no tiene capacidad para decidir nada de su vida.

Así, se le asigna un tutor y también un curador. Como si fuera eternamente un menor, que es parte del viejo paradigma médico-asistencialista que así ve a las personas con discapacidad y sobre todo a las personas con discapacidad intelectual.

Ricardo tiene un juicio así y legalmente está interdictado o es interdicto como se dice.  Pero él sostiene, tras conocer sus derechos y capacitarse en el tema de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad (es un autogestor de CONFE http://www.confe.org.mx) de que tiene derecho a decidir sobre su vida… si bien con apoyos. Quiere que le quiten el estado de interdicción. O que se encuentre una solución intermedia a su problema, que es, también, el que viven miles de personas con discapacidad en México y sus familias. Y que si no se cambia, seguiremos viviendo en un futuro las familias que, como yo, tenemos hijos pequeños.

Es un tema apasionante que ya hemos discutido un poco en este blog en al menos dos posts. “El derecho a decidir su vida”  http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle10685.html y una reflexión personal que hice como madre de Alan a raíz de una pregunta de mi querido Lennon: “ Sobre dejar a Alan hacer SU vida” http://blogs.eluniversal.com.mx/wweblogs_detalle.php?p_fecha=2010-05-14&p_id_blog=28&p_id_tema=10925

El estado de Interdicción y el hecho de que no exista una tercera vía (es decir hasta ahora tenemos de dos sopas: a una  persona se le dicta estado de interdicción o nada) es lo que está en juego.

El estado de interdicción es, también, una figura más bien asistencialista, que piensa que, de antemano la persona con discapacidad no puede decidir nada sobre sí misma, mientras la pregunta a la luz de la Convención por los derechos de las personas con discapacidad debería ser: ¿cómo lo apoyamos para que sí decida porque es su vida?

Como clara muestra ayer me encontré está definición sobre “Qué es un juicio de interdicción” –de una búsqueda en Google- en la página nada menos que de la Asociación Tutelar de México http://www.asociaciontutelar.org.mx/interdiccion.html.

Con decirles que empieza diciendo: “Debido a que nuestro hijo con discapacidad intelectual no podrá tomar decisiones sobre su vida y patrimonio….”.

Hagamos aquí un alto. ¿No todos pueden tomar decisiones sobre su vida y patrimonio? ¿Todos, toditos? ¿Ni siquiera en algún grado o para algunas cosas? ¿No es eso estereotiparlos? ¿No es negar, de antemano que así como todas personas convencionales somos diferentes, por lógica también las personas con discapacidad?

Estoy segura que habrá quienes no puedan tomar decisiones, de plano, de acuerdo (porque tienen una discapacidad que no les permite entender y no sólo no manifestarse por medios convencionales de comunicación: de nuevo el ejemplo de Steven Hawkin) pero hay otros que sí. Y en todo caso el reto es buscar cómo sí se puede….

Y la palabra clave aquí es “con apoyos”, pero tomando en cuenta lo que ellos quieren porque finamente es su vida (no puedo subrayarlo más pero lo pondría en rojo)

Las leyes en México –y en gran parte del mundo– están atrasadísimas y deben revisarse a la luz de la Convención, en particular su artículo 12.  En este caso en particular también de la contradicción que existe entre el Código Civil del Distrito Federal (también el Federal) y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que como saben es nueva y apenas se promulgó el 30 de mayo de 2011.

Vale la pena leer el artículo 12 (http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf ), que se llama “Igual reconocimiento como persona ante la ley” y que en partes importantes dice: (los subrayados son míos):

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

 

Esto anterior lo firmamos, como Estado Mexicano (independiente de qué partido nos gobierne) y lo ratificó el Senado y nos obliga.

De eso trata esta demanda de amparo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá el 6 de marzo si la atrae o no.

Es decir, si la discute o no. Llega ahí tras que el juez sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal negó el amparo a Ricardo, pues consideró que éste no tenía un derecho humano a actuar por sí mismo en la sociedad mexicana.

Está en manos de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y de la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Ojalá lo hagan, lo atraigan y se discuta. Hasta independientemente del resultado: es una discusión que necesitamos, como sociedad, y que hará mucho bien que la SCJN retome dada su importancia.

Ahora, además si la Suprema Corte de nuestro país fuera a darle la razón a Ricardo e incluso a plantear la necesidad de una tercera vía o solución, estaríamos poniéndonos como país a la vanguardia de la protección a los derechos de las personas con discapacidad en el mundo y nuestra Corte con ello.

De ese tamaño es lo que se discutirá el próximo 6 de marzo en nuestra Suprema Corte de Justicia.

¿Cómo ven?