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¿Bye a los lineamientos del IFT? Puebla y su “cambio de gobierno”

Y ya cuando todo parecía estar listo para que entraran en vigor los nuevos y controvertidos Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones,los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre, ayer se presentaron  dos controversias constitucionales en contra de estas medidas.

Por un lado, la Presidencia de la República y por otro, el Senado de la República.

Vamos uno por uno.

Vía el consejero jurídico Humberto Castillejos, la Presidencia presentó la Controversia contra la Cámara de Diputados.

Va contra 8 de los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por dicha Cámara, en la cual se le otorgaban facultades al IFT sobre la regulación de las audiencias, cuando dicho instituto sólo tiene facultades de carácter regulatorio en materia de radiodifusión.  Que contienen un vicio de origen.

Se consideró que con esos artículos se violaron facultades, detalladas en el artículo 89 Fracción I, de la Constitución,  como la emisión de estos lineamientos, que constitucionalmente corresponden al Presidente de la República.

Uno de los argumentos radica en que con las medidas planteadas por dicho Instituto se viola el derecho humano a la información.

De acuerdo con el Castillejos, estos lineamientos entrarían en vigor el próximo día 16. Se espera que antes de esa fecha pudiera haber una respuesta por parte del máximo tribunal judicial, y se espera que vaya en torno a la suspensión de estos lineamientos. En caso de que la SCJN les dé la razón, se tendrán que replantear el contenido de estos lineamientos, respetando la libertad de expresión, de prensa y derecho a la información.

Desde el Senado de la República, vía Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva también presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el senador del Partido Verde, ellos van más allá de los argumentos presidenciales:

–Sin duda me atrevería a decir que desde el punto jurídico pensamos que se está incurriendo en censura, sí lo vemos así de manera jurídica y también por eso acudimos a la Corte.

Para la Sociedad Interamericana de Prensa dichos lineamientos dañarían la libertad de expresión. Del otro lado, en el IFT están tranquilos de que sea la Suprema Corte la que decida el futuro de estos lineamientos.

Y es que querido lector, lectora, recordará que la semana pasada  le resumí algunos de los controvertidos artículos que se incluyen en dichos Lineamientos, entre ellos, que se debería de separar la información de la opinión del conductor/periodista.

Lástima de aquellas estaciones que posiblemente ya tenían sus cortinillas, jingles o qué se yo, para no provocar incluso la suspensión de transmisiones a los concesionarios. Imagínese.

A partir de hoy, Rafael Moreno Valle tendrá más tiempo para buscar posicionarse como uno de los aspirantes del PAN a la presidencia de la República en el 2018.

Deja la gubernatura a José Antonio Tony Gali Fayad.

Ganó las elecciones en junio de 2016. Economista y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, está casado con Alma Dinorah López  con quien procreó tres hijos: Dinorah, Antonio y José Eduardo. Fue uno de los aspirantes que cumplió con su #3de3 ante el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Será una corta gubernatura, toda vez que en el 2018, al igual que en Veracruz, se realizarán nuevamente elecciones para gobernador. Se homologarán estos comicios con los federales de ese año.

En Puebla fue subsecretario de  Comunicaciones y Transportes, Administrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estatal y  Secretario de Infraestructura durante la gestión de Rafael Moreno Valle.  En las elecciones estatales de 2013 fue electo como alcalde de la capital.

Bueno, posiblemente Moreno Valle no se vaya del todo.

Resulta que de 13 funcionarios que colaboraron en la gestión del hoy  wannabe presidencial panista repetirán dentro del gabinete de Gali Fayad, entre ellos está Diodoro Carrasco, quien repetirá en la Secretaría de Gobierno.

Lo bueno que en abril de 2016 declaró que no era el candidato del gobernador. Jajajaja.

A decir de los nuevos nombramientos, algunos incursionarán en nuevos terrenos profesionales, como Roberto Rivero  Trewartha, quien fue secretario de Finanzas, secretario de Salud,  director del ISSSTE local y en la nueva administración será director de Carreteras de Puebla. Seguro alguna relación tendrán las arterias y venas con las arterias viales.

El Jefe de la Oficina del Gobernador será Javier Lozano, hoy senador con licencia.

 “Francamente indignantes y dolorosas”. Así resumió ayer José Narro, secretario de Salud, ante senadores del PRI, durante su reunión plenaria, las irregularidades que se han detectado en materia de salud en la gestión de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

A las denuncias de Miguel Ángel Yunes acerca del uso de medicamentos contra el cáncer presuntamente alterados, ahora se suman las denuncias del ex rector de la UNAM: localizaron 17 toneladas de medicamentos caducados.

Dos cosas para recordar: que Duarte era considerado uno de los representantes del nuevo PRI, y dos, que a los mismos senadores que ayer escucharon estas “dolorosas” situaciones, el ex góber prófugo les fungió como anfitrión en agosto de 2014 cuando realizaron su reunión plenaria en Veracruz.

Ella lo dijo:

–Ayer viene en forma hipócrita Ocho Reza a decir que quiere parar el gasolinazo. Es un hipócrita porque su partido, su fracción parlamentaria, hace 15 días no autorizó ir a un periodo extraordinario para revisar la ley del IEPS. Entonces es un hipócrita: Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de MORENA, al referirse a Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI.

Ellos lo tuiteraron:

–¡Hola! ¡Bienvenidos a @LaCasaBlanca! Sígannos (sic) para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre @POTUS Trump y de su administración! : Tuit con el que se reactivó, con errores ortográficos, ayer por la tarde la cuenta en español de la Casa Blanca.

Daphne y la justicia en Veracruz. Lo que no ven en la PGR

En serio alguien cree que una mujer se siente un día y dice, aburrida: “¿Y ahora qué inventaré? Ay, ya sé, ¡qué gran idea! Voy a decir que me violaron”.

U otra: “Voy a inventar que fui tan vulnerable que paseando por la Condesa (barrio céntrico de la Ciudad de México) alguien me bajó los calzones y me tocó. Luego jugaré a denunciarlo, e invertir muchísimo tiempo y energía en ello. Exigiré respeto y lo que provocaré será que me ataquen más. Ay, sí, qué buena idea”.

Sé que suena a caricatura, pero no lo es. No dejo de recordar un espléndido artículo que Estefanía Vela publicó en su blog de El Universal la semana pasada. Tras el caso de Andrea Noel reflexionaba sobre la imposibilidad de que en México se crea que alguien es una víctima. Si no dice nada, ¿por qué no lo dijo?; si lo dice porque lo dice. Si llora porque hace escándalo, sino, ¿por qué no llora? (aquí está, vale la pena leerlo: http://www.eluniversal.com.mx/blogs/estefania-vela-barba/2016/03/17/una-victima-no-es )

Ahora un caso similar está en puerta y los dimes y diretes son de pena ajena. ¿Qué llevaría a una joven de Veracruz, Daphne, a denunciar que fue violada por compañeros de su colegio? ¿Por qué existe entonces un video donde dos de ellos le ofrecen disculpas? (su padre, a quien me duele verlo tan desesperado, defendiendo el derecho de su hija a denunciar, ha dicho que ese fue la primera cosa que les pidieron y ni siquiera cumplieron: una disculpa y basta)

Pero lo que más me puede es leer a Daphne misma cuando escribió:

–Sí, meses después intente seguir con mi vida, a los ojos de los demás muchos podrán decir que “estaba bien”, pero, ¿quienes estaban conmigo en las noches? Cuando lloraba hasta quedarme dormida, cuando me deprimía, cuando destrocé mi cuarto varias veces por enojo e impotencia, ¿dónde estaban todos aquellos que el día de hoy se atreven a juzgarme? (…) Sí, he tomado, sí he salido de fiesta, sí he usado faldas cortas, como la gran mayoría por no decir que todas las niñas de mi edad, ¿por eso me van a juzgar? ¿por eso me lo merecía? ¿por eso pasó lo que pasó? ¿por andar de noche con mis amigas? Pregunto a aquellos que criticaron e hicieron paginas para atacarme, entonces yo les pregunto ¿POR QUÉ?… Digo, ya que al parecer ustedes creen que son “jueces” de lo que sucedió”.

Qué rabia.

Esto último sucede en Veracruz, por cierto. Otra vez Veracruz.

En la Procuraduría General de la República me parece que se toman los días santos a pecho. De verdadero descanso. Si no es así no entiendo cómo parece que los tomó desprevenidos varias notas que surgieron por esos días, cuando se dio a conocer –en notas que no fueron desmentidas– que la PGR sí había iniciado la investigación por una denuncia en la que acusan a Emilio Álvarez Icaza de algo ridículo: un fraude.

Lo digo porque ayer, tras leer mi columna, me buscó alguien del primer círculo de la procuradora. Que no, ellos no tenían nada; que no habían emitido comunicado alguno, me dijo. Yo lo referí a distintas notas de prensa que se habían publicado en esos días y que, para mi sorpresa, esta persona desconocía. O por lo menos eso escribió: “ De pronto en monitoreo no t pasan ciertas voces. Les pido que pasen todo, pero su autocensura puede más”.

A mi me cuesta trabajo pensar que así sea.

Le pedí que me precisara si existía tal investigación, cuál era su estatus. Si no existía, yo encantada los citaba a ellos y listo.

Más tarde vino un duro comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el presunto fraude, que según José Antonio Ortega Sánchez fue cometido por Álvarez Icaza, la CIDH aclara:

–La contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo.

¿Qué opinaron del comunicado de la CIDH? De nuevo, silencio. No lo habían leído. Ya casi para cerrar este espacio mandaron su posicionamiento. Respondieron escuetamente citando el Artículo 102 de la Constitución: que tienen, en resumen, la obligación de investigar lo que cualquier ciudadano denuncie.

Leí la nota y me quedó claro.

Si Eruviel Ávila es capaz de hacerse entregar (aunque luego rechace el honor) una medalla de oro por parte de su gobierno, felicitándose por el trabajo que él hace por el bien de todos los mexiquenses, ¿por qué no caravanear con sombrero ajeno?

Lo digo por la iniciativa que acaba de anunciar hace unos días que en la Conferencia Nacional de Gobernadores: la creación de una Red Genética Nacional, Genmex. Se trata de una base nacional de ADN para que cada estado cuente con una herramienta para localizar a personas (que pueden estar implicadas en algún delito, ser víctimas de secuestro o claro, personas desaparecidas).

Lo digo porque me sorprende que tengamos tan poca memoria de que ahora esta iniciativa pase como la propuesta del gobernador del Estado de México y, mmm, también precandidato presidencial priísta.

No es una idea nueva y más bien es algo que ya se ha tardado mucho el Estado Mexicano en implementar. Datos:

Uno. En marzo de 2011 –es decir, en el sexenio pasado, hace 5 años– el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU realizó una visita a México. En su “Informe de Misión a México” presentaron diversas recomendaciones, entre ellas ésta:

–El Grupo de Trabajo recomienda crear y mantener actualizada permanentemente una base de datos con la información personal disponible sobre víctimas de desapariciones forzadas a nivel nacional (tanto del fuero federal como del estatal) incluyendo información genética, principalmente el ADN y muestras de tejido obtenidas de restos mortales y de familiares de víctimas, con su previo consentimiento. El Estado debe proteger permanentemente la información personal en estas bases de datos.

Dos. En junio de 2014, es decir hace un año y 9 meses, Mariana Benitez Tiburcio, entonces subprocuradora de la PGR, inauguraba la 10a reunión ordinaria del Grupo Iberoamericano de Trabajo y Análisis de ADN. Ahí anunciaba con bombo y platillo que esa dependencia pondría en marcha el programa “Genética Forense”.

Decía Benitez: “Tiene como propósito crear la base de datos nacional de perfiles genéticos a efecto de constituirla como una herramienta de investigación de las instituciones de procuración de justicia; ello mediante la creación y fortalecimiento de los laboratorios de genética forense en el país, para lo cual se dotará de la infraestructura, equipamiento y personal necesario para su funcionamiento… Hoy 20 procuradurías y fiscalías generales de justicia estatales cuentan ya con laboratorios de genéticas forense, aquí mismo la Procuraduría ha robustecido la base de datos del sistema CODIS (Combined DNA Index System), con la información de los perfiles genéticos y del análisis de las muestras biológicas proporcionadas por dichas instancias de procuración de justicia….”

Desde la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en agosto de 2012 se firmó el acuerdo para “Fortalecer la Base de Datos Nacional de Perfiles Genéticos, así como para la creación de un protocolo de búsqueda de indicios de materia, en casos de secuestros”. En ese momento se mencionó que 19 estados ya tenían un laboratorio de genética, mientras que 13 estaban pendientes de ello. La cifra de perfiles ingresados hasta ese momento era de 15 mil 618, y 425 personas habían sido identificadas.

Se mencionaban los requerimientos para fortalecer la Red Nacional de la Base de Datos de Perfiles Genéticos”, propuesta en la propia CONAGO en 2008. Cof, cof.

Tres. El 27 de noviembre de 2014, dos meses después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Palacio Nacional el Presidente Enrique Peña Nieto envió un mensaje a la Nación donde enumeró 10 acciones para fortalecer el Estado de Derecho.

En la octava señalaba:

–Como octava medida, se llevarán a cabo un conjunto de acciones que fortalecerán y pondrán al día los instrumentos para proteger los derechos humanos (…) Crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.

Cuatro. En febrero de 2015, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas un paquete de medidas para hacer frente a este problema en el país, entre ellas, sugería la creación de un Sistema Nacional de Información Genética.

En la pasada entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, González Pérez le recordó al presidente Peña Nieto:

–Hace algún tiempo usted planteó, señor Presidente, varias medidas que habrían logrado incidir de manera positiva en la atención de este problema, entre las cuales se encontraban, además de la emisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética, mismas que por diversos factores y actores, aún no se han concretado.

Pero qué bueno que Eruviel Ávila ya lo propuso. Mi alma descansa.