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El Ejército y la ley pendiente. ¿Qué quiere Moreira?

Al actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión le quedan sólo dos sesiones: la de este martes y la del jueves 15. Si usted es senador, no quiero echarle a perder sus vacaciones, pero podrían convocarlos a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de sacar adelante –al grito de ya– una ley que regule la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narco. No creo que se la mejor opción pasar una ley tan importante sin pensarlo mucho y después de que el Ejército ha estado en esta situación que ahora se “descubre” irregular, pero sucede desde hace 10 años.

En el Senado, el PRI está interesado en debatir la Ley de Seguridad Nacional en las próximas semanas, sacarla en enero próximo, propuesta a la que también se han adherido el PRD, (consideran que se estarían precipitando los tiempos, aunque también presentarían su iniciativa de ley) y el PAN.
El despertar súbito del poder legislativo para el tema se da luego del enérgico discurso del General Secretario, Salvador Cienfuegos el pasado jueves. Recordará que se quejó –ya lo había hecho antes, pero ahora sí hay reacción–que el Ejército no tiene un marco constitucional para estar en las calles haciendo tareas de seguridad.
Ojo: no es tanto, aunque también, que no haya marco legal lo que le preocupa, sino las posibles acusaciones o decisión de militares de no obedecer por el miedo a que se les acuse de violaciones a derechos humanos.
El viernes pasado, durante el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, el presidente Enrique Peña Nieto también se refirió a las tareas de seguridad que actualmente realizan los militares:
–Los soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía, y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país.
Ayer, durante la entrega post mortem del Premio Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez también se manifestó a favor de un marco regulatorio a las fuerzas armadas que participan en tareas de seguridad, aunque ojo, no dijo que debe ser algo permanente:
–…La seguridad pública es una función que corresponde, y debe estar a cargo, de instituciones de carácter civil; nuestra Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable. El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.
Hoy en el Senado podrían definirse los tiempos para sacar adelante la ley que regule el actual trabajo castrense en materia de seguridad pública.
Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de enero de este año, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se habían recibido 12 mil 408 quejas contra las fuerzas armadas que participan en la guerra… o lucha… o estrategia que hay que revisar… contra el narcotráfico. De ellas, 10 mil 54 habrían sido actos cometidos por militares, mientras que otros 1 mil 354 por elementos de la Marina Armada de México. Solamente en 4 mil 372 casos se comprobó violaciones a los derechos humanos. Se han girado 121 recomendaciones contra el Ejército y 37 a la Marina.
Entre 2007 y este año, 488 elementos del Ejército han muerto en los operativos contra la delincuencia organizada. En el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la última década se han cometido 173 mil 897 homicidios dolosos; pero no se ha especificado si están directamente ligados con la estrategia contra el narco.

Mientras que Roberto Borge, César Duarte y Javier Duarte están sin dar la cara ante la serie de anomalías detectadas en sus administraciones –al parecer prófugos los tres–, en el PRI se preparan para iniciar una lucha interna contra la corrupción.
En medio de los trabajos del Consejo Político Nacional, que inicia mañana miércoles, revisarán qué harán electoralmente en el 2017 para disputar las 3 gubernaturas en juego y también instalarán la Comisión Anticorrupción, la cual, tendrá entre sus funciones revisar la trayectoria de sus candidatos a cargos de elección popular.
No estaría por demás tener un presidente de ese organismo al 2×1, se ahorrarían cargos y darían un mensaje de que la lucha contra la corrupción sí va muy en serio y no sólo se quedaría en un mero discurso.
Le explico. Ahora en Coahuila, hay personajes que quieren regresar a la escena política. Uno de los candidatos a diputado local para el 2017 es el ex gobernador Humberto Moreira.
¿Qué otro candidato idóneo ven para encabezar la Comisión Anticorrupción?

Sobre temas de corrupción, ayer hubo noticias en dos estados.
En Veracruz, Miguel Ángel Yunes anunció que esa entidad está en “crisis financiera”. Para salir a flote, anunció una serie de medidas financieras que van desde la modificación del presupuesto para el 2017, cancelación de plazas donde se localicen aviadores. No ocupará la Casa de Gobierno, con lo que anualmente se ahorrarán 60 millones de pesos, ente otras acciones.
No es el único.
En Tamaulipas ya se habían tardado en hacer cuentas de las últimas administraciones.
Allá, el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio a conocer que su administración localizó una deuda de 6 mil millones de pesos –adquirida desde 2009, en tiempos del ex gobernador Eugenio Hernández—a pagar…¡a 30 años!
Ufff. Hasta ahora, de puros intereses han pagado 3 mil 400 millones de pesos, y sólo se ha cubierto casi un 6 por ciento del monto total.
Lo peor de todo es que la nueva administración panista no localiza en dónde fueron utilizados estos recursos adquiridos.

Cuauhtémoc Blanco sigue con el balón en la cancha. El proceso de revocación de mandato, que ya fue avalado por el Congreso de Morelos, pende ahora de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el ex futbolista presentó un recurso ante ella para evitar este proceso.
Ya sabe, a Cuauh lo acusan de haber presentado documentación falsa para demostrar residencia en la ciudad que hoy gobierna.
El ánimo de Blanco está tocado; el fin de semana pasado de plano estalló:
–Han visto las chingaderas que estos diputados han hecho, no hay que permitirlo, somos más los ciudadanos. Estos cabrones no se van a detener, el año que viene va a estar más difícil, no hay que confiarnos, el año que entra va a estar más cabrón…Estamos, ahora sí lo voy a decir, estamos hasta la madre de esta situación que quieren hacer los diputados. Estamos cansados, estamos fastidiados de tanta impunidad.
Y será el clima de la ciudad de la eterna impuni…perdón, eterna primavera, que hablando de madres, la suya también salió en defensa de Cuauh. Me refiero a Hortensia Bravo, su mamá:
–Yo les agradezco mucho a la gente de aquí porque en realidad sí están viendo que mi hijo está trabajando y a todos les doy las gracias. A todo el pueblo de Cuernavaca. Él sabe que no es cierto, yo a esos señores (los legisladores que quieren destituirlo) que Dios los bendiga, pero el que obra mal, mal le va.

DDHH: los puntos que hacen tendencia. Listo, el tercer peritaje de la PGR

Hoy es uno de esos días en que los temas pululan en la agenda nacional. Uno ya no sabe si voltear y comentar el testimonio del hacker, Andrés Sepúlveda, que asegura que trabajó para Enrique Peña Nieto en la campaña de 2012, reírse con la propuesta de Diego Fernández de Cevallos de rifar la entrada a su siguiente fiesta, hacer énfasis en que falta sólo un mes para que se discuta, según el plazo constitucional las leyes del sistema nacional anticorrupción y que la cosa pinta mal, o, para variar tocar el tema de derechos humanos y su fragilidad en México.

Y como no me decidí, trataré de tocar, aunque sea de rápido, la mayoría.

Duro lo que dijo Emilio Álvarez Icaza, aún secretario Ejecutivo de la CIDH. Ya dio acuse público de recibido el hecho de que se inicio una investigación en su contra (que no ha sido ratificada, por cierto) por un supuesto fraude de un dinero que, está probado y avalado por la OEA, que él no recibió ni usó:

–-Ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez (Uyyyyy, tsssss), no hay precedente de investigación previa sobre el Secretario Ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria… si (el gobierno de México) ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país.

Sopas. Auch.

Lo cierto es que dos puntos crean tendencia y en el caso de los derechos humanos en México y las recomendaciones internacionales son mucho más que dos, ya ni hablo de la situación de defensores de derechos humanos en el país. Enumero (y quizá faltan temas):

–La reacción en febrero de 2015 de las recomendaciones del Comité contra la desaparición forzada de la ONU. El gobierno dijo que “no reflejaban” la situación verdadera del país (ya sabe: tenemos un Presidente que cree que la mayoría tiene una visión distorsionada de la realidad).

–La reacción, en marzo de 2015, al informe sobre tortura de Juan Méndez. Lo mismo. La reacción del gobierno fue insistir e insistir en que no había tortura “generalizada”. Y esa fue la nota, aunque aceptaron las recomendaciones. Ahora sabemos, además, que Méndez pidió regresar a nuestro país este año, antes de octubre que finaliza su gestión; pero fue notificado que no podrá ser.

–El retiro del apoyo al juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dijo él? Ah, pues que en México vivíamos un “genocidio por goteo”. No cayó bien.

–También el inexplicable retiro del apoyo a la candidatura de otro académico serio, Miguel Sarré, al comité contra la Tortura de la ONU. Decidieron nombrar a Claude Heller, diplomático de carrera.

–El hecho de que desde octubre de 2014 haya más de 60 recomendaciones de la ONU al Estado para la implementación de la Convención por los derechos de las personas con discapacidad. No ha pasado nada.

–La reacción, también adversa para la segunda parte del informe del GIEI (la primera lo tomó bastante bien el gobierno mexicano, pero después hubo un latigazo de retroceso).

Mucho más de dos puntos.

A todo esto, dado que les choca que vengan “extranjeros” a decirnos todo lo que nos falta, ¿por qué no le hacen ni caso, o como deberían, a la CNDH?

A partir del primer minuto de hoy la PGR podría tener los resultados del tercer estudio sobre el fuego en el Basurero de Cocula, los que conoceremos públicamente en los próximos días. Es ese peritaje al que la PGR apuesta que cree el “desempate” a si lo dicho por Jesús Murillo Karam es “verdad histórica” o “hipótesis muy dudosa”. El exprocurador, por cierto, se reunirá el miércoles 6 de abril con los diputados federales que da seguimiento al caso.

Otros resultados que están próximos a conocer son los realizados a los restos óseos localizados en ese basurero y en el Río San Juan. El próximo lunes, Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos viajará a Innsbruck donde se los entregarán. Permanecerán en un sobre cerrado el cual se abrirá el jueves 7 en una reunión con los padres de familia de los normalistas y los integrantes del GIEI.

Cuando el GIEI se vaya. El gobierno federal da muestras claras de que ya está hasta el gorro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que colabora con el caso Ayotzinapa. Su segundo periodo, acordado con la Comisión Interamericana en Derechos Humanos, termina en abril.

Miguel Ángel Osorio Chong ya dijo que el grupo se va terminando este periodo. Los padres de los 43 y sus representados dicen que el periodo se puede alargar… y sí. Se podría. Pero hay escasez de algo que se llama “voluntad política”. Ni porque Angélica de la Peña y Fernando Herrera, senadores de PRD y PAN también lo pidan.

Yo lamento mucho este cierre; creo que a los mexicanos nos convendría mantener el grupo más tiempo en México. ¿Qué pasará cuando el GIEI deje de ser, aunque se resistan a verlo así, un parachoques de la indignación social? Sí es una institución que crea, por lo menos diálogo, entre las partes. Los mexicanos nos quedaremos con la papa caliente, muy caliente.

En otro tema donde la voluntad política escasea es en el Congreso de la Unión. Tiene razón César Camacho al asegurar que es “jurídicamente inviable” que los padres de los 43 suban a la Tribuna a hablar del caso, como han pedido. El coordinador del PRI argumenta –de nuevo, con razón– que no hay motivo para su exposición como sí la hubo cuando hablaron integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) porque se discutía, en su momento, la ley de derechos indígenas.

Si hubiera voluntad política pues sabrían que uno de los pendientes –urgentes, además– es la ley sobre desaparición forzada en el país y le meterían acelerador. Pero no. Como no está (aún) en la agenda, los padres no pueden subir y hablar.

Donde el tiempo corre –tic, tac, tic– es en el Senado. Estamos a un mes de que concluya el periodo ordinario de sesiones y no hay avance visible en las leyes para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Un debate serio, pues. El PRI-PV ya presentó su iniciativa que todos señalan como descafeinada (por ponerlo bonito), también entró la iniciativa ciudadana de la #Ley3de3, que, pese a su nombre, plantea mucho más que sólo hacer obligatorio que todos los funcionarios públicos presenten su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, sino que es toda una ley de responsabilidades.

Tic, tac, tic, tac. No veo prisas. Debería.

Por lo pronto, sobre el dictamen de Pablo Escudero (del partido sandía: verde por fuera, rojo por dentro) ya circula un documento muy bueno que contesta en 11 puntos por qué esta reforma propuesta no es la que queremos, la que está en el espíritu de la reforma constitucional. Se llama “Así no”. Y sí: #AsíNO.

Nos enteramos por el Centro Pro. De siete militares juzgados por el caso Tlatlaya, seis quedaron libres y uno fue condenado a un año de prisión, que ya cumplió. Todos, claro, en un juzgado militar por lo que no sabemos mucho más y eso nos crea dudas.

Por la vía civil hay todavía tres militares detenidos.

Y es que los militares, la verdad, pobres, ni cómo salir bien librados de esta. Están haciendo tareas que no les corresponde (la mayoría de ellos con honor), con un marco legal que no los apoya, y luego también se resisten a los cambios (sus razones tienen, pero no ayuda). Y es que eso de no abrirse más –sí, aún más– al escrutinio de fuera, a que sus propios elementos puedan acudir a tribunales civiles les da miedo… aunque es la única manera, me parece, de recuperar la confianza perdida en una institución importantísima.

Ellos lo dijeron:

–Me dijo: ‘amiga, vengo a darte todo el apoyo, estáte tranquila. No sufras, mujer, no sufras, que se te va a hacer justicia. Defiendo a la niña, estoy con la inocencia veracruzana’: Javier Duarte según relató la abuela de Daphne, María Bretón de la Cruz. El gobernador fue a hablar con ella. Qué tal eso de “No sufras, mujer”… sonó casi mesiánico. El procurador dice que la investigación y el derecho sigue su curso. Y sí, quizá, pero qué largo y tortuoso camino.

–Si somos impositivos, ni modo: Miguel Angel Mancera, pero no con respecto al Hoy no Circula temporal, sino a la implementación del Nuevo Reglamento de Tránsito. Pues sí, ni modo. Pero la gran pregunta es: ¿está el transporte público en condiciones para darse abasto para trasladar a los habitantes de la CDMX? ¿qué van a hacer al respecto?

Transparencia en la CNDH. El Chapo y los derechos humanos

Como país México ha avanzado en el tema de transparencia (y falta mucho más); aún así es un tema en el que no hay que soltar lo ya logrado. Y no sólo en los gobiernos, sino en órganos constitucionales autónomos, como la CNDH.

El otro día quise saber algo nimio, chiquito. Si Joaquín Narro Lobo, quien es el titular de la secretaría técnica del Consejo Consultivo (puesto importantísimo) había actualizado su declaración de intereses ahora que su padre, José Narro Robles, es el secretario de Salud. Es importante porque el sector salud, en su conjunto, es quien recibe más quejas de violaciones a derechos humanos por mucho en la CNDH.

Pero no pude encontrar la información y me parece aún más interesante el por qué.

A pesar de que el ombudsman Luis Raúl González Pérez, el 10 de agosto pasado, vía el Acuerdo Normativo A002/2015 dejó claro que los funcionarios deben presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, éstas no están en la página de la CNDH de manera pública. Tampoco en Declaranet porque son un organismo autónomo.

¿Por qué? Quién sabe. No me dieron razón en el área de comunicación social. Me pidieron que escriba a su área de transparencia y la pida. Sí lo haré, claro, pero al investigar también ahí me enteré de algo más: desde hace un año no hay encargado oficial de Transparencia al interior de la CNDH y sólo una encargada de despacho: Myriam Flores García.

Joaquín Guzmán Loera la está pasando mal en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en ésta su tercera temporada (por así decirlo).

Su guapa esposa, Emma Coronel, ha dado entrevistas donde asegura que lo único que pide es que lo dejen dormir. Que porque lo despiertan cada dos o tres horas en la noche… aunque la autoridad dice que sólo cada cuatro. Eso lo dice Eduardo Guerrero, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que es parte de un protocolo de seguridad hacerle esa “prueba de vida”.

Creo que es entendible que hayan reforzado protocolos de seguridad.

Que ya no permiten a sus celadores hablar con él. Mucho menos llamarlo “Don Joaquín”.

Ahora pasa la mayor parte del tiempo esposado. Sólo le retiran este instrumento de sujeción para comer o ir al baño.

¿Tableta para ver Sabazado los fines de semana? Uf, ni pensarlo.

Hoy, se han instalado cañones de ruido –lo escribió Carlos Loret– para repeler todo intento de alguno de los suyos por rescatarlo por aire o tierra. ¿Quién se arriesgaría a soportar severos daños auditivos. Esta estrategia la utilizaron las autoridades de Nueva York para desalojar a los participantes en la operación #ocuppy en Wall Street en noviembre de 2011.

Existe una posiblidad: que estén violando sus derchos humanos. Que sí, claro, los tiene.

Por eso la voz del senador Alejandro Encinas me parece de lo más rescatable en estos días: pide que para revisar su situación vaya la CNDH a revisar… pero que evitemos, claro (muy mexicano) convertirlo en víctima.

Ahora, los derechos humanos de las personas encarceladas es un tema pendiente en el país… y postergado. Está aún por discutirse una muy postergada ya Ley Nacional de Ejecución Penal en el Senado. Miguel Sarre me parece que sabe muchísimo del tema, lo ha defendido y hay que escuchar.

Por cierto, el viernes escribí en este espacio que el titular de la SAGARPA, José Calzada, me había dicho en un programa de tele que sí cumplía con su #3de3; pero en el portal de Declaranet no aparecía. Me escribió para decirme que el error no había sido de él, sino de la Secretaría de la Función Pública. Fíjese qué interesante.

Me mandó una versión extensa donde viene sus propiedades, casas, ranchos, terreno y local que tiene (por cierto sigue sin actualizarse su declaración en el portal del Registro de Servidores Públicos)

Declara que él o su esposa, no tienen ninguna relación que pueda generarle conflicto de intereses.  Ah, también detalla a fondo sus semovientes: 4 caballos, 20 borregos y gallinas de granja.

Pero no está la declaración fiscal. Es decir, sigue sin tener su #3de3.

Supongo que Andrés Manuel López Obrador no está muy de buenas en estos días.

El lunes pasado recibió un golpazo familiar: uno de sus hermanos, Arturo, hizo público su apoyo a Héctor Yunes Landa, candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz.

AMLO lo comentó en su muro de Facebook:

–Somos familia, pero él está por conveniencia del lado de los corruptos. Por su honestidad, la única opción para ese sufrido pueblo y saqueada entidad es Cuitláhuac García Jiménez, el candidato de MORENA.

Arturo consideró que Yunes es “la persona más preparada para llevar los destinos de Veracruz”. Sobre el abanderado de MORENA consideró que es no está preparado para el cargo.

Las ligas con el PRI van más allá: Carol Jessica Moreno Torres, esposa de Arturo, fue nombrada hace unos días Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ajá, del actual, el de Javier Duarte. Quién sabe cómo se pongan las reuniones familiares de los López Obrador.

No diré que AMLO no convence ni a su familia. Eso sería muy injusto; pero no cabe duda que en esa familia hay diversidad politica.

Por cierto, ¡durísimo ayer Yunes Landa en el noticiario de Ciro Gómez Leyva!

— Escucho que Javier Duarte es un lastre para tu campaña– dijo mi compañero de páginas en El Universal.

–Sí, lo es– dijo el candidato del PRI.

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se reunió el lunes pasado con los familiares de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz.

Dio un avance sobre la investigación sobre qué sucedió con los jóvenes. Según el octavo policía detenido, Rubén Pérez Andrade, los jóvenes fueron asesinados en el Rancho El Limón, por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Le ahorro detalles.

Ayer familiares de los jóvenes manifestaban su preocupación debido a que en esa zona fueron localizados muchos restos óseos, lo que hacen suponer que no sólo los restos de los 5 jóvenes podrían estar ahí.

Él lo dijo:

– (en torno a la indagatoria) Estamos muy avanzados y se va a sancionar al mal elemento porque es una situación de disciplina: Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública estatal de Michoacán. Se refiere a la investigación en torno al viaje de Belinda en un helicóptero de esa dependencia. Mmmm, una de dos: o el elemento sancionado es muy fan de la joven cantante y se brincó a todas las autoridades o de plano está encubriendo a alguien.