Archivo de la etiqueta: LEY

El Ejército y la ley pendiente. ¿Qué quiere Moreira?

Al actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión le quedan sólo dos sesiones: la de este martes y la del jueves 15. Si usted es senador, no quiero echarle a perder sus vacaciones, pero podrían convocarlos a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de sacar adelante –al grito de ya– una ley que regule la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narco. No creo que se la mejor opción pasar una ley tan importante sin pensarlo mucho y después de que el Ejército ha estado en esta situación que ahora se “descubre” irregular, pero sucede desde hace 10 años.

En el Senado, el PRI está interesado en debatir la Ley de Seguridad Nacional en las próximas semanas, sacarla en enero próximo, propuesta a la que también se han adherido el PRD, (consideran que se estarían precipitando los tiempos, aunque también presentarían su iniciativa de ley) y el PAN.
El despertar súbito del poder legislativo para el tema se da luego del enérgico discurso del General Secretario, Salvador Cienfuegos el pasado jueves. Recordará que se quejó –ya lo había hecho antes, pero ahora sí hay reacción–que el Ejército no tiene un marco constitucional para estar en las calles haciendo tareas de seguridad.
Ojo: no es tanto, aunque también, que no haya marco legal lo que le preocupa, sino las posibles acusaciones o decisión de militares de no obedecer por el miedo a que se les acuse de violaciones a derechos humanos.
El viernes pasado, durante el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, el presidente Enrique Peña Nieto también se refirió a las tareas de seguridad que actualmente realizan los militares:
–Los soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía, y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país.
Ayer, durante la entrega post mortem del Premio Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez también se manifestó a favor de un marco regulatorio a las fuerzas armadas que participan en tareas de seguridad, aunque ojo, no dijo que debe ser algo permanente:
–…La seguridad pública es una función que corresponde, y debe estar a cargo, de instituciones de carácter civil; nuestra Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable. El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.
Hoy en el Senado podrían definirse los tiempos para sacar adelante la ley que regule el actual trabajo castrense en materia de seguridad pública.
Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de enero de este año, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se habían recibido 12 mil 408 quejas contra las fuerzas armadas que participan en la guerra… o lucha… o estrategia que hay que revisar… contra el narcotráfico. De ellas, 10 mil 54 habrían sido actos cometidos por militares, mientras que otros 1 mil 354 por elementos de la Marina Armada de México. Solamente en 4 mil 372 casos se comprobó violaciones a los derechos humanos. Se han girado 121 recomendaciones contra el Ejército y 37 a la Marina.
Entre 2007 y este año, 488 elementos del Ejército han muerto en los operativos contra la delincuencia organizada. En el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la última década se han cometido 173 mil 897 homicidios dolosos; pero no se ha especificado si están directamente ligados con la estrategia contra el narco.

Mientras que Roberto Borge, César Duarte y Javier Duarte están sin dar la cara ante la serie de anomalías detectadas en sus administraciones –al parecer prófugos los tres–, en el PRI se preparan para iniciar una lucha interna contra la corrupción.
En medio de los trabajos del Consejo Político Nacional, que inicia mañana miércoles, revisarán qué harán electoralmente en el 2017 para disputar las 3 gubernaturas en juego y también instalarán la Comisión Anticorrupción, la cual, tendrá entre sus funciones revisar la trayectoria de sus candidatos a cargos de elección popular.
No estaría por demás tener un presidente de ese organismo al 2×1, se ahorrarían cargos y darían un mensaje de que la lucha contra la corrupción sí va muy en serio y no sólo se quedaría en un mero discurso.
Le explico. Ahora en Coahuila, hay personajes que quieren regresar a la escena política. Uno de los candidatos a diputado local para el 2017 es el ex gobernador Humberto Moreira.
¿Qué otro candidato idóneo ven para encabezar la Comisión Anticorrupción?

Sobre temas de corrupción, ayer hubo noticias en dos estados.
En Veracruz, Miguel Ángel Yunes anunció que esa entidad está en “crisis financiera”. Para salir a flote, anunció una serie de medidas financieras que van desde la modificación del presupuesto para el 2017, cancelación de plazas donde se localicen aviadores. No ocupará la Casa de Gobierno, con lo que anualmente se ahorrarán 60 millones de pesos, ente otras acciones.
No es el único.
En Tamaulipas ya se habían tardado en hacer cuentas de las últimas administraciones.
Allá, el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio a conocer que su administración localizó una deuda de 6 mil millones de pesos –adquirida desde 2009, en tiempos del ex gobernador Eugenio Hernández—a pagar…¡a 30 años!
Ufff. Hasta ahora, de puros intereses han pagado 3 mil 400 millones de pesos, y sólo se ha cubierto casi un 6 por ciento del monto total.
Lo peor de todo es que la nueva administración panista no localiza en dónde fueron utilizados estos recursos adquiridos.

Cuauhtémoc Blanco sigue con el balón en la cancha. El proceso de revocación de mandato, que ya fue avalado por el Congreso de Morelos, pende ahora de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el ex futbolista presentó un recurso ante ella para evitar este proceso.
Ya sabe, a Cuauh lo acusan de haber presentado documentación falsa para demostrar residencia en la ciudad que hoy gobierna.
El ánimo de Blanco está tocado; el fin de semana pasado de plano estalló:
–Han visto las chingaderas que estos diputados han hecho, no hay que permitirlo, somos más los ciudadanos. Estos cabrones no se van a detener, el año que viene va a estar más difícil, no hay que confiarnos, el año que entra va a estar más cabrón…Estamos, ahora sí lo voy a decir, estamos hasta la madre de esta situación que quieren hacer los diputados. Estamos cansados, estamos fastidiados de tanta impunidad.
Y será el clima de la ciudad de la eterna impuni…perdón, eterna primavera, que hablando de madres, la suya también salió en defensa de Cuauh. Me refiero a Hortensia Bravo, su mamá:
–Yo les agradezco mucho a la gente de aquí porque en realidad sí están viendo que mi hijo está trabajando y a todos les doy las gracias. A todo el pueblo de Cuernavaca. Él sabe que no es cierto, yo a esos señores (los legisladores que quieren destituirlo) que Dios los bendiga, pero el que obra mal, mal le va.

¡Recórcholis!, la discriminación

Hoy, justo el 19 de octubre, conmemoramos el Día Nacional contra la Discriminación. Hay mucho que se ha hecho, sí, pero falta aún mucho para lograr la sociedad incluyente que deseamos.

Los esfuerzos quedan en papel o en un maravilloso Artículo 1º. cuando vemos cotidianamente discriminaciones que violan la Constitución. Hoy dos ejemplos, pero también una propuesta a sumarse.

El domingo pasado, mi amiga Bárbara Anderson, su esposo, Andrés, y sus dos hijos fueron a ¡Recórcholis! de Plaza Toreo. Es un lugar de juegos para niños cuyo misión es “Hacer Feliz a la gente” (eso dicen).

Lucca es un niño de 5 años que tiene parálisis cerebral, es usuario de una carreola y no sostiene aún su cabeza; está aprendiendo, poco a poco y con esfuerzo, a tener control sobre su cuerpo.

Primera discriminación: el elevador instalado en el centro para acceder hace ¡año y medio! que no funciona.

Luego, la negativa de los empleados de este centro de dejar a Bárbara subir con Lucca a un juego. Ya lo había hecho otras veces en otro Recórcholis. El supervisor no tuvo la menor sensibilidad para hacer un “ajuste razonable” (es un término legal, su denegación es discriminación).

Quisieron presentar una queja y el sistema electrónico no funcionaba. Lo intentaron hacer vía telefónica. Nadie contestó. Denunciaron en redes sociales.

Lo peor vino después: una serie de ataques en Twitter contra Bárbara y sobre todo Lucca, sólo por denunciar. Una auténtica shit storm (tormenta de mierda), como dice Byung Chul Han, este maravilloso filósofo surcoreano. No repetiré lo dicho; es deleznable.

El lunes, José Antonio Quevedo Diniz, presidente ejecutivo de ese cadena de centros, se dignó ofrecer una disculpa pública escrita. Que ya tomarán –después de esto– las medidas para que no se repitan estos actos de discriminación.  “Llevaremos a cabo las acciones necesarias para volvernos un lugar más inclusivo para niños con capacidades diferentes” dice sin decir exactamente qué y cuándo. Que trabajarán en fortalecer sus “protocolos internos”, que desconocemos (aunque Bárbara los pidió) y promete sensibilizar a todo su personal. ¿Con quién?

Seguiremos esperando su respuesta.

No es una graciosa concesión. Violaron la ley. Basta leer el capítulo II, Medidas para prevenir la Discriminación, del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Sí es discriminar:

“XXII bis.- La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.

XXII. Ter.- la denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.

¿Qué hará la Procuraduría Federal del Consumidor? También a ellos les atañe. Apenas el lunes pasado, su titular, Ernesto Nemer publicaba en su cuenta de Twitter:

–México tiene gran avance en materia de protección a los derechos del #Consumidor a través del trabajo de @Profeco @ildefonsogv @ONU_es

Pues que lo demuestre. Bárbara, Andrés y Lucca son consumidores.

Ayer se instaló la Comisión de Principios de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Una de las diputadas, también senadora, Yolanda de la Torre, tuvo que subir cargada por tres personas para llegar al lugar donde sería el acto protocolario en el segundo piso del Palacio de Minería.

¿Por qué? El Palacio de Minería, construido entre 1797 y 1813, sí tiene un elevador, pero es muy pequeño y la silla de ruedas que usa Yolanda no cabe.

¿Alguien le avisa a la UNAM que también tiene que hacer algo por hacer accesible sus instalaciones a todas las personas?

El argumento de que es un edificio histórico y no se puede, no aplica. Hay que encontrar la manera. ¿O por qué en Francia, por ejemplo, ya es plenamente accesible el Museo de Louvre, que abrió sus puertas en 1793 pero que el edificio que lo alberga tiene una historia que comienza en el siglo XII? Es plenamente accesible desde hace 11 años, en 2005.

Y la propuesta: únase a #SíAcepto. Es una campaña que ayer se lanzó en el Museo Memoria y Tolerancia, de diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan para que todos tengamos los mismos derechos.

Aunque la campaña nace en el contexto del debate sobre matrimonios igualitarios, va mucho más allá en filosofía.

Entre a www.siaceptomexico.com y hay muchas formas de participar. Con propuestas, con argumentos, sin confrontarse.

Para mi es un compromiso claro de por vida. #SíAcepto. Y así será “hasta que la vida nos junte” a todos bajo el paraguas de los mismos derechos. Lo mismo a circular y gozar de los mismos espacios, que a jugar o a amar y casarse con quien uno quiera.

Hace un año, el 19 de octubre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

En 365 días, a nivel federal, sólo el Instituto Federal de Telecomunicaciones –organismo autónomo–, el Servicio de Enajenación de Bienes, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han sido certificados. Y esto pese a que el Presidente, les instruyó que todos tenían que hacerlo (bueno, ok, esto lo hizo hasta el pasado 8 de agosto, pero igual… hay que hacerlo).

Hasta el pasado 4 de octubre se tenía contabilizados sólo 22 centros de trabajo, públicos y privados, certificados en todo el país.

A 7 años de la #Guardería ABC. Crisis en la CIDH, ¿y Ayotzinapa?

Son siete años ya este próximo 5 junio. Siete años de que 49 niños y niñas perdieron la vida en la Guardería ABC y otros más quedaron con lesiones en un incendio que pudo haber sido previsto y evitado. Apenas el pasado 14 de mayo (y sólo tras la enorme presión de asociaciones de padres que no han soltado el tema) fueron, al fin, sentenciadas 19 personas, entre ellas dos socios de esta estancia y funcionarios de menor nivel por su responsabilidad.

Nada les quitará el dolor a los padres y madres, queda claro. Pero sí quiero reconocer que su dolor no ha sido en vano; su resiliencia es de admirarse.

Gracias a ellos tenemos ya una Ley General de Prestación de Servicios para la Atención , Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida también como Ley Guardería 5 de junio. Los padres y madres que la crearon, cabildearon y siguen impulsando su completo respeto buscan algo que a todos nos conviene: que no vuelva a ocurrir una tragedia similar.

Y aquí es cuando me detengo para denunciar algo. Desde 2011 sólo 25 estados han armonizado sus leyes estatales, o las han creado, y aún faltan 7 por hacerlo: Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua y Chiapas

Es un buen momento para recordárselos y exigir que los gobiernos de todos los Estados tomen medidas claras, que armonicen sus leyes para que esto no vuelva a ocurrir.

Sobre la Guardería ABC hay una persona que no había hablado nunca con medios y sí lo hizo con mi compañera Cristina Pérez-Stadelmann hace unos días en El Universal: Diana Jaimes quien era directora de la Guardería hace 7 años. Ella intentó, como otras de las maestras rescatar a los niños quienes estaban en su hora de la siesta.

–Todos los días al mirarme al espejo regreso al momento. Mis cicatrices, mis quemaduras van por fuera, pero sobretodo las llevo por dentro. Todos los días cuando me levanto me pregunto por qué, para qué y aún no tengo la respuesta.

Hace memoria y se cuestiona que porqué si Protección Civil supervisó las instalaciones, no alertó sobre la necesidad de quitar la famosa carpa de circo que estaba dentro, ¿por qué no alertaron sobre la necesidad de una puerta de emergencia extra? Son preguntas que ella, quien conoció las instalaciones, ahora se hace. Dice que dependía de una parte más bien administrativa.

De ahí la importancia de tener más y mejores controles. También de difundir más el tema de seguridad entre todo el personal; involucrar a los padres y madres de familia para que también ellos supervisen.

Es importantísimo aplicar la Ley 5 de junio ya. En todos los Estados. En todas las guarderías del país. Reiterar que estos niños no murieron del todo en vano, sino por la seguridad del resto que están y estarán en guarderías, estancias, necesarias

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un anuncio que debería ponernos en alerta: está en una grave crisis financiera. Tuvo que suspender visitas previstas para este año y periodos de sesiones. Este próximo 31 de julio se vencen los contratos de 40% de su personal y no tienen fondos para renovarlos. Es importante que los países del Sistema Interamericano tomen medidas para garantizar que la CIDH siga funcionando… aunque sus recomendaciones les caigan como patada al hígado.

¿Por qué es importante para usted o para mi, ciudadanos mexicanos de a pie, tener una instancia como la CIDH? Porque representa una instancia a la cual ir tras el que parece ser un evidente fracaso de nuestro sistema nacional para garantizar los Derechos Humanos. No es mi percepción: lo dicen las cifras.

Uno sólo puede acudir ante la CIDH cuando se cerró toda posibilidad de búsqueda de la justicia en México. Tan sólo en 2015, dicha Comisión recibió 824 peticiones de mexicanos; somos el país con más quejas abiertas, actualmente 2 mil 539. Desde, fíjese, 2012, somos el país que más casos presenta.

Repito, con casos para los que la justicia mexicana falló. Si damos sólo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, un presupuesto de mil 465 millones de pesos y atendió 9 mil 980 casos en el 2015, ¿no se le hace ridículo que el gobierno mexicano haya aportado a la CIDH en el mismo año 370 mil dólares, unos 6 millones 290 pesos cuando procesa 2 mil 539 quejas de nuestro país?

El gobierno mexicano dice que bueno, le dimos a la CIDH para que mandara al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, un millón 250 mil dólares.

Sí, pero Ayotzinapa es un caso extraordinario. Me parece que nadie puede dudar de su importancia; la marca histórica que representa.

Por cierto, hablando de Ayotzinapa, las recomendaciones del GIEI y el mecanismo de seguimiento que el país quedó de abrir con la CIDH, ayer el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, dio a conocer que el gobierno mexicano analiza extender el plazo de estos trabajos.

En un primer momento se contemplaba que fuera sólo por seis meses; podría ser el doble.

El anuncio lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto ayer vía twitter:

–Para construir una Sociedad de Derechos, necesitamos de tu participación. Ayúdanos a identificar las normas mexicanas que discriminan….Sé parte de esta consulta… Por un México incluyente y respetuoso de la diversidad.

En ese mensaje viene el link http://www.gob.mx/sindiscriminacionDocumento2 donde dirige al portal “México Sin Discriminación. Justicia Cotidiana. Que la Justicia Jale Parejo”.

En él, los ciudadanos podrán dar su opinión acerca de las leyes de los tres niveles de gobierno que podrían generar casos de discriminación. Son muchísimas.

Esta medida se toma luego del anuncio de la reforma constitucional sobre matrimonio igualitario y también como una iniciativa impulsada por Conapred.

Lo invito a participar.

Donald Trump no está nada contento con México. No me refiero a la negativa del gobierno mexicano de apoyarlo en su idea de construir un muro entre Estados Unidos y nuestro país.

La bronca ahora es por el 2017 World Golf Championship, el cual se realizaría en los campos de Golf que tiene el magnate en Doral, Miami.

La bronca para Trump –quien en Estados Unidos tiene mil 300 demandas en su contra– es que los organizadores decidieron que ese torneo se realice en…¡México!

Resulta que ese torneo lo patrocinaba Cadillac; pero retiró su apoyo. A eso súmele que la Asociación de Golf Profesional, PGA, había advertido que ese torneo podría modificarse por el tono de los comentarios de Trump contra la comunidad inmigrante.

Obviamente el magnate no se quedó callado:

–…Se van a México donde, por cierto, espero que cuenten con un seguro contra secuestros.

Mmmm. ¿Y si le vamos asignando su primera comisión a Egidio Torre Cantú?

Él lo dijo:

–No milito en ningún partido político, he servido a mucha gente, amigos y servidores. Lo mismo trabajé con (Carlos) Salinas (¡¡!!), (Ernesto) Zedillo, con Andrés Manuel , eran de otro partido y últimamente con (Ricardo) Monreal: Nicolás Mollinedo, Nico, ex chofer de AMLO. Fue nombrado nuevo coordinador general de Servicios Municipales de Villahermosa, Tabasco.

La bienvenida a Granier * Alcaldes y Evangelistas

Junio 1 de 2011. Wallace, Morera, Gordillo, Peña Nieto, Olvera, Adame, Medina y Andrés Granier. Todos reunidos para conmemorar el Día del Policía. ¿Peña y Granier hablaban de la austeridad en la Quinta Grijalva?La reservación estaba a su nombre vía Aeroméxico. Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, sí llegó ayer por la noche, por lo pronto a la Ciudad de México.  Que viene a honrar su palabra y hará las aclaraciones ante las autoridades correspondientes, y que no tiene nada que ocultar.  Sus abogados decían que analizaría si había “condiciones” (gran palabra que dice todo y nada) para ir a Tabasco a declarar, como prometió.

No hemos visto a Granier desde que dejó el gobierno de Tabasco. Dice que se fue a Miami a checar su salud, marcar distancia con su sucesor y también porque había recibido amenazas del crimen organizado.

Mientras, cercanos  a él son detenidos y acusados de distintas fechorías, me llama mucho la atención la declaración de Arturo Núñez, actual gobernador de Tabasco: que le ofrece un “debido proceso”.

Es decir… que le ofrece tratarlo según la Ley. Qué país es éste en donde lo obvio, lo legal, se tiene que declarar, ¿no cree?

 

 

 

La que me da ternura es la alcaldesa regia, Margarita Arellanes. Tras el escándalo provocado porque ella le “entregó” la ciudad que gobierna, Monterrey, a Jesucristo como la “máxima autoridad” ahora nos sale con una explicación ridícula: que lo hizo sólo a título personal.

Mmm, ¿puede una autoridad, presidenta municipal, en un evento público, en el que incluso dice que no le da “pena” citando al Salmo 40, reconocer a Dios en público, entregar a título personal la ciudad que –supuestamente—gobierna?

La respuesta claro es que no. Pero ella insiste en que así fue: a título personal. Y que nada tuvo que ver su responsabilidad como alcaldesa, que ni la presentaron así. Mi vida: cree que el puesto es algo que se puede poner y quitar.

Ayer escribía en Facebook un amigo, Temoris Grecko, esto, que suscribo: “Deberíamos dejarle la Constitución para que la reescriba a su divinamente iluminado entender”.

Lo cierto es que ahora sabemos que no es sólo ella la que entregó la ciudad que gobierna al Dios en que cree, sino que también lo hicieron otros alcaldes: los de Ensenada, Baja California; Guadalupe y Juárez, ambos en Nuevo León.

Y que estos eventos son organizados por la Alianza de Pastores de cada ciudad, una comunidad no católica, sino evangélica. Y por lo que leo sobre ellos muy activa… políticamente hablando. La comunidad evangélica ha crecido en años recientes de 1.8 a 7.3 por ciento de la población y hay 1 pastor por cada 250 feligreses en comparación con 1 sacerdote católico por cada 10 mil….

Lo cierto es que pese a estas recientes consagraciones (como la de César Duarte) o entrega de ciudades a Jesucristo, desde hace años que esto ya es más “usual” y nadie ha hecho nada al respecto. ¿O ya se nos olvidó la misa en la Basílica de Fox, la entrega de un gran crucifijo que le hizo su hija Paulina en pleno Auditorio Nacional o el beso al anillo del Pescador de Juan Pablo II?

 

Cuando los medios son noticia. Inaudito el tono y el desafío de nada menos que el dirigente del PRI en el DF, Cuauhtémoc de la Torre al periodista Manuel López San Martín de Proyecto 40. El político, hijo de El Rey de la Basura (como se le llamó a su padre, todo un personaje que hizo su fortuna precisamente con una organización de pepenadores que heredó su hijo, ahora llamado El Zar de la Basura) le mandó una carta firmada y ¡con logotipo del PRI! para amenazarlo, citando incluso cuestiones personales.

¿Y en el PRI? ¿No van a decir nada? Tal parece, de nuevo, que la libertad de expresión es algo muy importante para el nuevo gobierno priista…. en el papel, no en los hechos.

Por lo pronto Proyecto 40 ya presentó una denuncia ante el mecanismo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaria de Gobernación, acompañados por la organización Artículo 19.

 

La cifra estremece: el 56.67 por ciento de las 3 mil estancias infantiles de Sedesol están emplazadas a subsanar irregularidades de Protección Civil. La cifra la dio a conocer la misma secretaría de Desarrollo Social: les dieron de plazo 10 días para hacerlo.

Además a 17 de plano ya les quitaron el registro y el apoyo gubernamental. Este año dos niños fallecieron en instancias así: Sergio Didier CheChin en Campeche y Diego Armando Olivares, en Jalisco.

¿Cómo pueden seguir pasando casos así tras la tragedia de la Guardería ABC? No entiendo.

 

 

Los focos rojos de la ciudadanía de Estados Unidos se prendieron la semana pasada. Fruto de una filtración tanto a The Guardian como a The New York Times se enteraron de un hecho: que el gobierno los vigila. De cerca. A través de sus llamadas telefónicas y búsquedas en redes sociales y computadoras en general. Y obvio, no lo sabían.

El argumento es bien de Bush en el tiempo en el que gobierna Obama (quien hizo de la crítica de Bush, en su campaña, eje importante): la famosísima seguridad nacional y el hecho, ya claro, que si bien tienen amenazas “de fuera” también las hay internas: por parte de los mismos habitantes de su país.

La fuente que filtró la información, cierta, ya se identificó. Se llama Edward Snowden, ahora ex trabajador de la famosa NSA (Agencia de Seguridad Nacional). Su último paradero conocido es  Hong Kong, donde buscará asilo político.

Es claro que lo que hizo Snowden, un joven genio de la computación de 29 años es ilegal, sí, pero también lo es la intromisión, quizá criminal, del gobierno hacia la vida privada de millones, sin exagerar de ciudadanos. ¿Héroe o traidor? He ahí una buena pregunta.

Por redes sociales circula una simpática paráfrasis del logo de la NSA que tiene como slogan: “La única parte del gobierno que realmente escucha”. Obvio, en tono irónico.

Hasta que cerré la columna más de 50 mil personas habían pedido un indulto pleno para Snowden vía un portal de la Casa Blanca llamado “Nosotros, el pueblo”, sitio creado precisamente para escuchar a la ciudadanía. Es por mucho la más firmada en la historia del sitio. Si las firmas llegan a 100 mil para el 9 de julio, la Casa Blanca se compromete a revisar el caso.

¿Qué hará el gobierno de Obama?

 

 

La madre de dos hijos de Genaro Góngora Pimentel ya salió de la cárcel de Santa Martha, donde estuvo presa por más de un año acusada por su ex pareja de registrar una casa que él instruyó que se pusiera a nombre de sus hijos (algo en lo que él habría tenido que participar, dar la cara, cosa que no ha querido).

“No siempre lo que los ministros defienden en sentencias lo aplican a su vida”, remató Ana María Orozco. Nos quedó claro.

Ella, madre de estos dos pequeños, quienes además  viven con autismo, saca bandera blanca: ya no quiere entrar en polémica alguna y sí hablar con Góngora con quien no ha tenido contacto alguno por más de un año, por el bien de sus hijos.

Sin duda es su decisión, pero qué lástima. Ahora sólo espero que los hijos de Ana María y el ex ministro Góngora reciban lo que es su derecho: una pensión suficiente para sus gastos, para sus terapias, para su inclusión social (que es siempre caro) y de ser posible, contacto con su padre. Finalmente lo es. Algo patanesco, pero lo es.

Ahora, Ana María decidió no investigar más allá, pero alguien debería hacerlo. ¿Y la SCJN y el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, toman cartas en el asunto y reconocen el tema del influyentísimo dentro del Poder Judicial y se proponen erradicarlo?

 

 

Borrón y cuenta-portal nuevo. Desde ayer, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, tiene un nuevo portal de internet. ¿Cuál es la novedad? Pues que borraron por completo cualquier referencia a Elba Esther Gordillo, ex líder de esa central sindical, y actualmente presa acusada de operaciones con dinero de procedencia ilícita.

Es más, si en su buscador interno coloca la palabra “Gordillo”,  sólo le aparecerán  3 referencias de texto. O si coloca la palabra “Elba Esther”, aparecen nada más  2 textos. Los 5 documentos son de mayo de este año.

La estrella del home del momento es Juan Díaz De la Torre.