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La ¨guerra¨y el General Secretario.

El próximo domingo se cumplirá una década del arranque formal de la “guerra contra el narco”. Es decir, desde que los militares dejaran sus cuarteles e iniciaran tareas de seguridad pública.

Es muy interesante el mensaje enviado ayer por el General Secretario, Salvador Cienfuegos. Lo hizo en una reunión con reporteros, recordando precisamente esta fecha:

–Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las fuerzas armadas. ¿Qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas? Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante…Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos, ya ustedes lo saben, yo no lo tengo que decir, no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto…ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes.

Ya van muchas veces que lo proponen, tiene razón Cienfuegos. Si el Ejército, por lo que sea, sigue en las calles, deben haber cambios al Artículo 89, fracción IV. Una ley que hable de Seguridad interior y permita que la Defensa y la Marina participe. Actualmente no está así. Estamos, formalmente, en tiempos de paz y el Ejército debería estar sólo en sus cuarteles.

Ayer desde la Cámara de diputados ya aceptaron que es un pendiente que tienen hace tiempo con las fuerzas armadas. Pero bueno, para febrero lo ven. Con calmita.

Pero deje eso, me preocupó mucho más algo que reiteró Cienfuegos, que ya lo había dicho antes: sobre las resistencias que están enfrentando entre los propios soldados para hacer estas tareas. Ojo con lo que dijo:

–Nuestros soldados ya la están pensando si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos, o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer. Entonces les sale más barato.

Si bien que el Ejército combata a delincuentes no es lo ideal y todos lo sabemos, me preocupa que se tenga la percepción que se pueden violar los derechos humanos en las tareas del Ejército (aunque no les correspondan).

Es que se puede y se debe combatir a delincuentes con apego a los derechos humanos. Y la misma Sedena ha hecho una capacitación fuerte para capacitar a sus soldados en el tema. ¿O no?

El 11 de diciembre de 2006, hace casi una década, el gobierno de la República, encabezado entonces por Felipe Calderón, anunció el inicio de la Operación Conjunta Michoacán. Estuvieron presentes Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación; el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional; Mariano Francisco Saynez, secretario de Marina, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad y Eduardo Medina Mora, ex procurador general de la República y hoy Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fue una decisión que se tomó ante los niveles de inseguridad que se registraban en la entidad gobernada entonces por Lázaro Cárdenas Batel.

Días después, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, Calderón dio respuesta a las acusaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de estos operativos:

–La libertad, la justicia, la paz y la dignidad son elementos inherentes a la naturaleza humana, y no deben distinguir género, raza, religión, idioma, ideología o lugar de la frontera donde se nazca y se vive…Son derechos inalienables de todas las mujeres y hombres, sin distinción. En consecuencia, una de las primeras responsabilidades del Estado es precisamente respetar esos derechos y hacer todo por garantizar que sean respetados… Como Jefe del Estado mexicano reconozco y asumo esa responsabilidad, y velaré por su cumplimiento.

Diez años después, la realidad es otra. ¿O muy parecida? Las cifras de homicidios, por ejemplo, ahí se van…

En marzo de este año, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong declaró:

— Conocemos el alto precio que trajo consigo la mal llamada guerra contra las drogas.

Hay que decirlo, y decirlo claro, se partió de un diagnóstico equivocado y de una

estrategia mal diseñada que generó una escalada de violencia sin precedente.

Luego anunció que, toda vez que varios Estados (aunque no todos) tenían cuerpos policiacos confiables, se podría hablar del regreso de militares a sus respectivos cuarteles.

A diez años, el resultado ha sido que México está, cada vez más seguido, en el banquillo de los Estados señalados ante organismos continentales por la cada vez más frecuente violación de derechos humanos en operativos federales, personas desaparecidas por efectivos policiacos. Casos documentados y videograbados –como el difundido en abril pasado en Guerrero–donde se muestra la tortura a civiles por parte de militares y marinos.

Las quejas han crecido; han afectado la imagen del Ejército. La molestia del Ejército mexicano por realizar tareas de seguridad pública no es nuevo.

En noviembre pasado, el representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli consideró que sería benéfico que militares regresaran a cuarteles y dejaran tareas de seguridad:

–Podemos entender que haya una situación de emergencia, pero lo que se debe cuidar es que esta emergencia no se vuelva la rutina.

Uno de los productos que más exportamos es el aguacate. Tanto así que lo que se consume más cada año en el SuperBowl es el guacamole con totopos (léase guacamoule con chips).

Pues bien, en el marco de México Alimentaria 2016 Food Show, que se desarrolla en el Centro CitiBanamex, al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada, se le ocurrió lanzar— ¡el #RetoGuacamole!

¿De qué trata? Pues de ver quien hace el guacamole más sabroso. Así, de plano. Calzada lanzó el “reto” e invitó a José Narro, Claudia Ruiz Massieu, y a Enrique de la Madrid. Y aceptaron.

Fue interesante el reto. Al menos espero que Calzada Rovirosa sí haya practicado el corte de cebolla y no como lo demostró en el tutorial-invitación. O bueno, quizá es que el suyo tiene una forma gruesa de incorporar cebolla.

No estaría de más que nuestros funcionarios vayan pensando en otros retos de  productos de exportación en los cuales México ocupa los primeros lugares. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, estos productos son: la cerveza, tequila, limas y limones y pantallas planas.

¿Qué secretario o secretaria de Estado se apunta para un #RetoTequila? ¿Para ver quién la tiene más grande? La pantalla, claro…

Aplausos para la Auditoria Superior de la Federación, el Senado, la Secretaría de la Función Pública porque tuvieron una idea fantástica: harán una especie de tablero donde  demostrarán el avance que se tiene en los Congresos del Estado en torno a la aprobación de leyes anticorrupción. De esta manera todos nos enteraremos del avance que llevan.

Tomo la propuesta anunciada ayer por Pablo Escudero y de paso, por qué no proponemos un tablero donde se exhiba el avance que llevan los senadores para elegir al Fiscal Anticorrupción, el cual está pendiente desde diciembre del 2014, y ya lo pasaron para el próximo periodo de sesiones. Parece como el tema del Ejército. Todo saben que urge, pero lo pasan al año que entra.

Para estas alturas de la semana sabrá de la invitación a los XV años de Rubí en La Joya San Luis Potosí. El caso se viralizó en redes sociales, ya pasó a la televisión abierta y a medios de comunicación internacionales. ¿Ya habrá patrocinadores oficiales?

Pero no sólo artistas se colgaron de la fama de la joven, sino hasta políticos.

Uno de ellos es Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, quien ayer en su portal de Facebook colocó el siguiente mensaje:

–Queremos que los XV años de #Rubí sigan siendo inolvidables, por eso los hoteleros de #ValleDeBravo le regalarán a ella y a sus papás un fin de semana en este hermoso #PuebloMágico del #Edoméx. ¿Interjet cómo ven si se ponen guapos con el vuelo?

Bueno, qué bien que la invitó a Valle de Bravo, y no a alguno de los 11 municipios mexiquenses donde se emitió la alerta de género ante los números de feminicidios registrados.

Guardería ABC, 7 años después. ¿No pasó nada en Tlatlaya?

El próximo 5 de junio, además de día de elecciones en 13 entidades, se cumplirán ya 7 años de la peor tragedia infantil en nuestro país: el incendio en la Guardería ABC donde fallecieron 49 niños y niñas y 75 más resultaron lesionados, muchos de ellos de por vida. A unos días de esta conmemoración, y con el paso ya de 3 gobernadores –Eduardo Bours (PRI), Guillermo Padrés (PAN) y la actual, Claudia Pavlovich (PRI)–, el viernes pasado se dio un paso mínimo para hacer justicia por este doloroso hecho.

El Juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, dictó sentencia contra 19 de los 22 implicados en este proceso judicial, por el delito de homicidio culposo –ojo, no doloso– contra los menores fallecidos y las lesiones provocadas a los niños sobrevivientes.

Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez,representante legal y secretario del Consejo de Administración de la Guardería ABC, respectivamente( dos de los dueños) fueron sentenciados a 28 años de cárcel, pago de multa y reparación del daño. Igual que a Arturo Leyva Lizárraga, entonces Delegado estatal del IMSS.

A Noemí López Sánchez, Jefa del Departamento de Guarderías dependientes de la Dirección de Prestaciones Económicas y sociales del IMSS, se le dictó un año más: 29, multa y reparación del daño.

A Roberto Copado Gutiérrrez, director de Protección Civil de Hermosillo; Martín Lugo Portillo, director de Bomberos de Hermosillo; Jesús Davis Osuna, director de Inspección y Vigilancia de Hermosillo, así como a Arturo Dávila Pacheco Jefe de Departamento adscrito a la unidad de Bomberos de esa ciudad se les sentenció a cada uno a 28 años de cárcel y pago de multa y reparación de daño.

Para Willebaldo Alatriste Candiani, ex director estatal de Protección Civil la sentencia fue de 28 años de cárcel, pago de multa y reparación de daño.

A empleados y al subdirector de la oficina de Control Vehicular, Agencia Fiscal, Director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda estatal, 20 años de cárcel y pago de multa y reparación de daño.

Ni Eduardo Bours, que era gobernador cuando se registró este incendio, ni el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, aparecen entre los sentenciados, algo que han criticado los padres. En este país, para variar, todo es “culpa” de los funcionarios menores. O como hiciera la crítica el GIEI de Ayotzinapa, en México parece que las culpas se extinguen, misteriosamente, al tratar de adjudicar responsabilidad alguna a altos funcionarios (eso sí, ellos mismos no dudan en atribuirse todos los logros, aunque estos sean realizados por funcionarios menores pero “en su gestión”).

Los acusados aún pueden apelar esta sentencia, es su derecho. Los padres de niños lesionados y fallecidos en la Guardería ABC defenderán a decisión del juez.

Hoy, tanto la organización Manos Unidas como el grupo de legisladores federales que dan seguimiento al caso, se reunirán con la procuradora Arely Gómez para conocer el avance de las investigaciones.

Pero así como puede haber “buenas” noticias en materia de impartición de justicia, también puede haber (muy) malas. Adalid Abriz Landa, magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal con sede en el Estado de México ordenó la liberación de tres militares que estaban acusados de participar en el “enfrentamiento” registrado el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas.

La razón por la que salen indigna más: el magistrado consideró que el Ministerio Público Federal, la PGR, no presentó pruebas necesarias para que Leobardo Hernández Leonides, Roberto Acevedo López y Fernando Quintero Millán fueran juzgados por los delitos de homicidio, modificación de la escena de los hechos y encubrimiento. Ojo, los otros 4 militares que participaron en ese operativo también fueron absueltos el año pasado, con lo que ahora no hay ningún elemento del Ejército en proceso.

La PGR ya dijo que presentará (otra vez) pruebas que demuestren la responsabilidad de los hoy liberados. A ver si sí.

Por cierto, ¿a alguien le preocupa o es solo a mí que esto pase con muchos de los detenidos en el caso de Ayotzinapa? ¿Que el Libro Blanco acabe siendo el “Libro en Blanco”?

De acuerdo con la recomendación emitida en octubre de 2014 por la CNDH, presentada por Raúl Plascencia, se comprobó que 12 de estas personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente cuando el enfrentamiento ya había finalizado. Organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro Pro incluso aportaron pruebas como comunicaciones militares, fechadas el 11 de junio de 2014, donde se recomendaba a los militares de la Base de Operaciones “San Antonio Del Rosario”, donde se indicaba que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

¿Recuerda la entonces polémica por el uso del verbo “abatir”?

Y hablando del ex ombudsman nacional, resulta que el gobierno de Coahuila, que encabeza Rubén Moreira, firmó dos contratos con el Instituto Iberoamericano de Justicia para tareas de asesoramiento en esa materia. Curiosamente, ese organismo lo preside Raúl Plascencia, ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos convenios fueron para los periodos del 2 de julio al 31 de diciembre de 2015 y uno más del 18 de enero al 18 de julio.

La bronca está en que Plascencia no respetó la fracción XII del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas la cual estipula que deberá pasar hasta un año después de dejar su cargo, de aceptar o recibir beneficios “de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto”. Mmm.

Uno más en Veracruz. El nombre de Manuel Torres González se suma a la larga lista de periodistas que han sido asesinados en Veracruz durante la gestión de Javier Duarte. El homicidio se registró el sábado pasado en Poza Rica. De acuerdo con Artículo 19 capítulo México, en la gestión de Javidú han sido asesinados 16 periodistas y 3 permanecen desaparecidos.

Eso sí, en el caso de Torres González, el fiscal estatal ya dijo que este caso se “investigará hasta esclarecerlo”.

Bueno, quizás la inseguridad en esa entidad no esta tan mal. En lo que la autoridades investigan, en Xalapa, los policías estatales son utilizados para realizar mudanzas en camiones oficiales, descargando muebles en una casa particular.

Ellos lo escribieron:

–En las elecciones se percibe el tufo del narco…el narco es implacable y descarado: la Arquidiócesis Primada de México, vía su editorial en el seminario “Desde la Fe”.

Él lo dijo:

–Yo soy católico y veo que él (Javier Duarte) de repente va a misa y lleva a fotógrafos y camarógrafos para que lo vea la gente; pero él debe pensar seriamente si de verdad cree en Dios y si cree que después de esta vida hay otra que te recompensa o te sanciona la buena o la mala conducta, tiene que pensar que va a ir al infierno. Los años que le quedan vivirá en el infierno: Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz.