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¿Bye a los lineamientos del IFT? Puebla y su “cambio de gobierno”

Y ya cuando todo parecía estar listo para que entraran en vigor los nuevos y controvertidos Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones,los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre, ayer se presentaron  dos controversias constitucionales en contra de estas medidas.

Por un lado, la Presidencia de la República y por otro, el Senado de la República.

Vamos uno por uno.

Vía el consejero jurídico Humberto Castillejos, la Presidencia presentó la Controversia contra la Cámara de Diputados.

Va contra 8 de los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por dicha Cámara, en la cual se le otorgaban facultades al IFT sobre la regulación de las audiencias, cuando dicho instituto sólo tiene facultades de carácter regulatorio en materia de radiodifusión.  Que contienen un vicio de origen.

Se consideró que con esos artículos se violaron facultades, detalladas en el artículo 89 Fracción I, de la Constitución,  como la emisión de estos lineamientos, que constitucionalmente corresponden al Presidente de la República.

Uno de los argumentos radica en que con las medidas planteadas por dicho Instituto se viola el derecho humano a la información.

De acuerdo con el Castillejos, estos lineamientos entrarían en vigor el próximo día 16. Se espera que antes de esa fecha pudiera haber una respuesta por parte del máximo tribunal judicial, y se espera que vaya en torno a la suspensión de estos lineamientos. En caso de que la SCJN les dé la razón, se tendrán que replantear el contenido de estos lineamientos, respetando la libertad de expresión, de prensa y derecho a la información.

Desde el Senado de la República, vía Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva también presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el senador del Partido Verde, ellos van más allá de los argumentos presidenciales:

–Sin duda me atrevería a decir que desde el punto jurídico pensamos que se está incurriendo en censura, sí lo vemos así de manera jurídica y también por eso acudimos a la Corte.

Para la Sociedad Interamericana de Prensa dichos lineamientos dañarían la libertad de expresión. Del otro lado, en el IFT están tranquilos de que sea la Suprema Corte la que decida el futuro de estos lineamientos.

Y es que querido lector, lectora, recordará que la semana pasada  le resumí algunos de los controvertidos artículos que se incluyen en dichos Lineamientos, entre ellos, que se debería de separar la información de la opinión del conductor/periodista.

Lástima de aquellas estaciones que posiblemente ya tenían sus cortinillas, jingles o qué se yo, para no provocar incluso la suspensión de transmisiones a los concesionarios. Imagínese.

A partir de hoy, Rafael Moreno Valle tendrá más tiempo para buscar posicionarse como uno de los aspirantes del PAN a la presidencia de la República en el 2018.

Deja la gubernatura a José Antonio Tony Gali Fayad.

Ganó las elecciones en junio de 2016. Economista y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, está casado con Alma Dinorah López  con quien procreó tres hijos: Dinorah, Antonio y José Eduardo. Fue uno de los aspirantes que cumplió con su #3de3 ante el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Será una corta gubernatura, toda vez que en el 2018, al igual que en Veracruz, se realizarán nuevamente elecciones para gobernador. Se homologarán estos comicios con los federales de ese año.

En Puebla fue subsecretario de  Comunicaciones y Transportes, Administrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estatal y  Secretario de Infraestructura durante la gestión de Rafael Moreno Valle.  En las elecciones estatales de 2013 fue electo como alcalde de la capital.

Bueno, posiblemente Moreno Valle no se vaya del todo.

Resulta que de 13 funcionarios que colaboraron en la gestión del hoy  wannabe presidencial panista repetirán dentro del gabinete de Gali Fayad, entre ellos está Diodoro Carrasco, quien repetirá en la Secretaría de Gobierno.

Lo bueno que en abril de 2016 declaró que no era el candidato del gobernador. Jajajaja.

A decir de los nuevos nombramientos, algunos incursionarán en nuevos terrenos profesionales, como Roberto Rivero  Trewartha, quien fue secretario de Finanzas, secretario de Salud,  director del ISSSTE local y en la nueva administración será director de Carreteras de Puebla. Seguro alguna relación tendrán las arterias y venas con las arterias viales.

El Jefe de la Oficina del Gobernador será Javier Lozano, hoy senador con licencia.

 “Francamente indignantes y dolorosas”. Así resumió ayer José Narro, secretario de Salud, ante senadores del PRI, durante su reunión plenaria, las irregularidades que se han detectado en materia de salud en la gestión de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

A las denuncias de Miguel Ángel Yunes acerca del uso de medicamentos contra el cáncer presuntamente alterados, ahora se suman las denuncias del ex rector de la UNAM: localizaron 17 toneladas de medicamentos caducados.

Dos cosas para recordar: que Duarte era considerado uno de los representantes del nuevo PRI, y dos, que a los mismos senadores que ayer escucharon estas “dolorosas” situaciones, el ex góber prófugo les fungió como anfitrión en agosto de 2014 cuando realizaron su reunión plenaria en Veracruz.

Ella lo dijo:

–Ayer viene en forma hipócrita Ocho Reza a decir que quiere parar el gasolinazo. Es un hipócrita porque su partido, su fracción parlamentaria, hace 15 días no autorizó ir a un periodo extraordinario para revisar la ley del IEPS. Entonces es un hipócrita: Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de MORENA, al referirse a Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI.

Ellos lo tuiteraron:

–¡Hola! ¡Bienvenidos a @LaCasaBlanca! Sígannos (sic) para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre @POTUS Trump y de su administración! : Tuit con el que se reactivó, con errores ortográficos, ayer por la tarde la cuenta en español de la Casa Blanca.

DH y Estado de excepción.

Y de pronto, de la congeladora legislativa (que de existir de manera física tendría el tamaño de la Antártida antes del calentamiento global) salió para ser descriogenizada en fast track un dictamen… o varios. Tras el discurso de la semana pasada del general secretario (¿o hay alguna otra razón para la prisa?) nuestros legisladores quieren sacarlas, como sea, en pleno puente Guadalupe-Reyes.

Ojo, que son al menos dos leyes que tendrían, además, que ser tres. Vamos una por una.

–Reglamentar el “estado de excepción”. El Presidente puede declarar –y la idea es que sea con controles claros, por un tiempo determinado y en casos realmente graves—que en algún momento los derechos humanos no se respetarían en el país y cuáles para hacer frente a un “estado de excepción”. ¿Cómo que? Pues caminar por la calle, reunirse, la libertad personal, por ejemplo. Todos los derechos menos algunos que están claros en el mismo artículo que no se pueden suspender.

En México sólo una vez se ha declarado estado de excepción: en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, cuando mandamos al famoso “Escuadrón 201”. Ni en el terremoto de 85 para la Ciudad. Ni durante la amenaza que no sabíamos cómo venía de la influenza H1N1.

Ya está trazado en el Artículo 29 de la Constitución, que fue modificado en junio de 2011 con la gran reforma en Derechos Humanos y que debió de haber tenido una ley reglamentaria desde junio de 2012 (según transitorio, ya sabe, esas letras chiquitas de las leyes) en qué casos aplicaría: cuando haya “invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. La cosa es cómo definirlos, qué controles ponerle con peras y manzanas más allá de lo que señala la Constitución.

Había ya dictamen aprobado en el Senado desde diciembre de 2015 que comenzó desde el 2013. Una de las últimas versiones, por ejemplo, tuvo como firmante a Manuel Camacho Solís, quien murió en junio de 2015. Ayer leí el dictamen. Tuvo un solo voto en contra desde comisiones: el de Dolores Padierna que ya advertía algo que también lo hace ahora la sociedad civil. Me refiero a que si no se clarifican ciertos conceptos, se establecen más controles, podría ser peligroso. ¿O quizá es que hay que reformar el mismo Artículo constitucional para estar tranquilos?

Catalina Pérez Correa argumenta que, por ejemplo, no basta con pedir que la Comisión permanente avale si no está el Congreso reunido, debe hacerse mientras se llama al Congreso en pleno; que ellos deben pedir informes y no sólo “recibir” los que el Presidente les de; que debería pedirse por un tiempo y con un porcentaje creciente de apoyo a volverse a votar en cada ocasión. Que debería aprobarse por la mayoría absoluta de ministros… y sobre todo que hay que clarificar cuándo. Es que ahorita diría esto, como en el caso de que haya una “perturbación grave de la paz pública” definida así:

–Situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población o de una parte de ella y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas afectaciones.

Mmm. ¿Cómo se define la integridad de la población? ¿la “estabilidad social”? ¿cuándo deja de serlo? Eso de la población “o una parte de ella”… ¿cómo definimos qué parte? Debe quedar clarísimo.

Ayer en San Lázaro,  el dictamen fue avalado por la  Comisión de Derechos Humanos –presidida por el priísta Armando Luna Canales, ex ombudsman de Coahuila y quien votó en contra de los matrimonios igualitarios– y el PRD, MORENA y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Se espera que pase a pleno a más tardar el jueves para ser votada.

–Ley de Seguridad Interior. Habrá dos iniciativas para hacer esta ley. Una ya la presentó el senador Roberto Gil Zuarth en septiembre de este año y otra que dará a conocer el PRI este jueves. Es la que, al fin, y hay que ver cómo daría claridad al Ejército para estar en las calles en casos excepcionales.

La de Gil, propone la creación de una Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la cual tendría facultades para determinar la permanencia de las fuerzas de apoyo en las zonas donde sean requeridas.

También que todas las tareas en materia de seguridad sean coordinadas por el Comité de Seguridad Interior, donde participarán los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, entre otros funcionarios. Se crearán la Fuerzas de Apoyo Federal, que se regirán bajo los preceptos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, y la Marina.

Estos grupos de seguridad sólo participarán cuando existan afectaciones a la seguridad interior, en las cuales no se contempla el estado de excepción.

Si en la fracción del PRI no cambian de opinión, mañana jueves estarán presentado su iniciativa. ¿Será muy diferente? Emilio Gamboa está optimista de que sí se pueda convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Tras dictaminarse en el Senado tendría que ir a la Cámara de diputados. Supongo que en periodo extraordinario…

–Y la tercera Ley: la de Seguridad Pública. Ayer, que nos encontramos en el cóctel de colaboradores de este periódico, María Elena Morera me daba otro argumento: si hay Ley de seguridad Interior tiene que haber, a la par, Ley de Seguridad Pública.

Si habrá claridad de cuándo es que puede salir a la calle el Ejército, también hay que dejar claros los pasos, casi con calendario, que se darán para que puedan salir de ahí y dejar a policías civiles.

Ella pone énfasis en la necesidad de contar antes con policías confiables, que aprueben los exámenes de confianza. Tiene toda la razón, el primer contacto de la población con la autoridad, son los policías. Si no tenemos policías confiables, ¿en qué estado de indefensión estamos?

También reconoce que tendríamos que hacer cambios en materia de reglamentos para los cuerpos policiacos, toda vez que los elementos policiacos que participan en tareas de seguridad  se rigen por sus propios lineamientos (artículo 123, apartado B, fracción XII).

De esta ley ya hay, también dictamen del Senado y está en San Lázaro. Que la saquen de la congeladora.

Golpearon a Ana Gabriela Guevara. La atleta, medallista y ahora senadora. Varios hombres porque sí, porque algo; iba en moto con una amiga. Por supuesto que hay que condenarlo, pero también alertarnos: en este país no está segura ninguna mujer. Ninguna. #NiUnaMás.

En el Senado, aprobaron la mariguana medicinal. También su cultivo con fines médicos y científicos. Es un paso chiquito, pero valioso, que cambiará vidas. Ahora a hacer una reserva para la Asamblea Constituyente para ello: no hay manera que digan que siempre no. Quizá con un transitorio, pero debe estar.

Ellos lo dijeron:

–(si quedo fuera de las candidaturas) No importa, no es una ambición personal (ay ajá) no es una ambición vulgar, es lograr un proyecto para la transformación del país, aunque lleve de por medio el que no estés en esa posición: ¿Andrés Manuel López Obrador hablando del 2018? No, es Ricardo Monreal, hablando de la posibilidad de no ser el candidato  a Jefe de Gobierno capitalino. ¿Soy yo o ya hablan igualito?

–El mundo actual es muy complicado y no importa lo listo que seas, tienes que tener la mejor información posible para tomar las mejores decisiones posibles…Si no estás recibiendo su perspectiva, su perspectiva detallada, están moviéndote a ciegas: Barack Obama, al responder la postura de Donald Trump, quien dijo que no se reuniría a diario con las agencias de seguridad de Estados Unidos, salvo en casos donde se amerite.

El Ejército y la ley pendiente. ¿Qué quiere Moreira?

Al actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión le quedan sólo dos sesiones: la de este martes y la del jueves 15. Si usted es senador, no quiero echarle a perder sus vacaciones, pero podrían convocarlos a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de sacar adelante –al grito de ya– una ley que regule la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narco. No creo que se la mejor opción pasar una ley tan importante sin pensarlo mucho y después de que el Ejército ha estado en esta situación que ahora se “descubre” irregular, pero sucede desde hace 10 años.

En el Senado, el PRI está interesado en debatir la Ley de Seguridad Nacional en las próximas semanas, sacarla en enero próximo, propuesta a la que también se han adherido el PRD, (consideran que se estarían precipitando los tiempos, aunque también presentarían su iniciativa de ley) y el PAN.
El despertar súbito del poder legislativo para el tema se da luego del enérgico discurso del General Secretario, Salvador Cienfuegos el pasado jueves. Recordará que se quejó –ya lo había hecho antes, pero ahora sí hay reacción–que el Ejército no tiene un marco constitucional para estar en las calles haciendo tareas de seguridad.
Ojo: no es tanto, aunque también, que no haya marco legal lo que le preocupa, sino las posibles acusaciones o decisión de militares de no obedecer por el miedo a que se les acuse de violaciones a derechos humanos.
El viernes pasado, durante el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, el presidente Enrique Peña Nieto también se refirió a las tareas de seguridad que actualmente realizan los militares:
–Los soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía, y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país.
Ayer, durante la entrega post mortem del Premio Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez también se manifestó a favor de un marco regulatorio a las fuerzas armadas que participan en tareas de seguridad, aunque ojo, no dijo que debe ser algo permanente:
–…La seguridad pública es una función que corresponde, y debe estar a cargo, de instituciones de carácter civil; nuestra Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable. El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.
Hoy en el Senado podrían definirse los tiempos para sacar adelante la ley que regule el actual trabajo castrense en materia de seguridad pública.
Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de enero de este año, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se habían recibido 12 mil 408 quejas contra las fuerzas armadas que participan en la guerra… o lucha… o estrategia que hay que revisar… contra el narcotráfico. De ellas, 10 mil 54 habrían sido actos cometidos por militares, mientras que otros 1 mil 354 por elementos de la Marina Armada de México. Solamente en 4 mil 372 casos se comprobó violaciones a los derechos humanos. Se han girado 121 recomendaciones contra el Ejército y 37 a la Marina.
Entre 2007 y este año, 488 elementos del Ejército han muerto en los operativos contra la delincuencia organizada. En el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la última década se han cometido 173 mil 897 homicidios dolosos; pero no se ha especificado si están directamente ligados con la estrategia contra el narco.

Mientras que Roberto Borge, César Duarte y Javier Duarte están sin dar la cara ante la serie de anomalías detectadas en sus administraciones –al parecer prófugos los tres–, en el PRI se preparan para iniciar una lucha interna contra la corrupción.
En medio de los trabajos del Consejo Político Nacional, que inicia mañana miércoles, revisarán qué harán electoralmente en el 2017 para disputar las 3 gubernaturas en juego y también instalarán la Comisión Anticorrupción, la cual, tendrá entre sus funciones revisar la trayectoria de sus candidatos a cargos de elección popular.
No estaría por demás tener un presidente de ese organismo al 2×1, se ahorrarían cargos y darían un mensaje de que la lucha contra la corrupción sí va muy en serio y no sólo se quedaría en un mero discurso.
Le explico. Ahora en Coahuila, hay personajes que quieren regresar a la escena política. Uno de los candidatos a diputado local para el 2017 es el ex gobernador Humberto Moreira.
¿Qué otro candidato idóneo ven para encabezar la Comisión Anticorrupción?

Sobre temas de corrupción, ayer hubo noticias en dos estados.
En Veracruz, Miguel Ángel Yunes anunció que esa entidad está en “crisis financiera”. Para salir a flote, anunció una serie de medidas financieras que van desde la modificación del presupuesto para el 2017, cancelación de plazas donde se localicen aviadores. No ocupará la Casa de Gobierno, con lo que anualmente se ahorrarán 60 millones de pesos, ente otras acciones.
No es el único.
En Tamaulipas ya se habían tardado en hacer cuentas de las últimas administraciones.
Allá, el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio a conocer que su administración localizó una deuda de 6 mil millones de pesos –adquirida desde 2009, en tiempos del ex gobernador Eugenio Hernández—a pagar…¡a 30 años!
Ufff. Hasta ahora, de puros intereses han pagado 3 mil 400 millones de pesos, y sólo se ha cubierto casi un 6 por ciento del monto total.
Lo peor de todo es que la nueva administración panista no localiza en dónde fueron utilizados estos recursos adquiridos.

Cuauhtémoc Blanco sigue con el balón en la cancha. El proceso de revocación de mandato, que ya fue avalado por el Congreso de Morelos, pende ahora de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el ex futbolista presentó un recurso ante ella para evitar este proceso.
Ya sabe, a Cuauh lo acusan de haber presentado documentación falsa para demostrar residencia en la ciudad que hoy gobierna.
El ánimo de Blanco está tocado; el fin de semana pasado de plano estalló:
–Han visto las chingaderas que estos diputados han hecho, no hay que permitirlo, somos más los ciudadanos. Estos cabrones no se van a detener, el año que viene va a estar más difícil, no hay que confiarnos, el año que entra va a estar más cabrón…Estamos, ahora sí lo voy a decir, estamos hasta la madre de esta situación que quieren hacer los diputados. Estamos cansados, estamos fastidiados de tanta impunidad.
Y será el clima de la ciudad de la eterna impuni…perdón, eterna primavera, que hablando de madres, la suya también salió en defensa de Cuauh. Me refiero a Hortensia Bravo, su mamá:
–Yo les agradezco mucho a la gente de aquí porque en realidad sí están viendo que mi hijo está trabajando y a todos les doy las gracias. A todo el pueblo de Cuernavaca. Él sabe que no es cierto, yo a esos señores (los legisladores que quieren destituirlo) que Dios los bendiga, pero el que obra mal, mal le va.

La ¨guerra¨y el General Secretario.

El próximo domingo se cumplirá una década del arranque formal de la “guerra contra el narco”. Es decir, desde que los militares dejaran sus cuarteles e iniciaran tareas de seguridad pública.

Es muy interesante el mensaje enviado ayer por el General Secretario, Salvador Cienfuegos. Lo hizo en una reunión con reporteros, recordando precisamente esta fecha:

–Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las fuerzas armadas. ¿Qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas? Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante…Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos, ya ustedes lo saben, yo no lo tengo que decir, no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto…ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes.

Ya van muchas veces que lo proponen, tiene razón Cienfuegos. Si el Ejército, por lo que sea, sigue en las calles, deben haber cambios al Artículo 89, fracción IV. Una ley que hable de Seguridad interior y permita que la Defensa y la Marina participe. Actualmente no está así. Estamos, formalmente, en tiempos de paz y el Ejército debería estar sólo en sus cuarteles.

Ayer desde la Cámara de diputados ya aceptaron que es un pendiente que tienen hace tiempo con las fuerzas armadas. Pero bueno, para febrero lo ven. Con calmita.

Pero deje eso, me preocupó mucho más algo que reiteró Cienfuegos, que ya lo había dicho antes: sobre las resistencias que están enfrentando entre los propios soldados para hacer estas tareas. Ojo con lo que dijo:

–Nuestros soldados ya la están pensando si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos, o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer. Entonces les sale más barato.

Si bien que el Ejército combata a delincuentes no es lo ideal y todos lo sabemos, me preocupa que se tenga la percepción que se pueden violar los derechos humanos en las tareas del Ejército (aunque no les correspondan).

Es que se puede y se debe combatir a delincuentes con apego a los derechos humanos. Y la misma Sedena ha hecho una capacitación fuerte para capacitar a sus soldados en el tema. ¿O no?

El 11 de diciembre de 2006, hace casi una década, el gobierno de la República, encabezado entonces por Felipe Calderón, anunció el inicio de la Operación Conjunta Michoacán. Estuvieron presentes Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación; el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional; Mariano Francisco Saynez, secretario de Marina, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad y Eduardo Medina Mora, ex procurador general de la República y hoy Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fue una decisión que se tomó ante los niveles de inseguridad que se registraban en la entidad gobernada entonces por Lázaro Cárdenas Batel.

Días después, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, Calderón dio respuesta a las acusaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de estos operativos:

–La libertad, la justicia, la paz y la dignidad son elementos inherentes a la naturaleza humana, y no deben distinguir género, raza, religión, idioma, ideología o lugar de la frontera donde se nazca y se vive…Son derechos inalienables de todas las mujeres y hombres, sin distinción. En consecuencia, una de las primeras responsabilidades del Estado es precisamente respetar esos derechos y hacer todo por garantizar que sean respetados… Como Jefe del Estado mexicano reconozco y asumo esa responsabilidad, y velaré por su cumplimiento.

Diez años después, la realidad es otra. ¿O muy parecida? Las cifras de homicidios, por ejemplo, ahí se van…

En marzo de este año, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong declaró:

— Conocemos el alto precio que trajo consigo la mal llamada guerra contra las drogas.

Hay que decirlo, y decirlo claro, se partió de un diagnóstico equivocado y de una

estrategia mal diseñada que generó una escalada de violencia sin precedente.

Luego anunció que, toda vez que varios Estados (aunque no todos) tenían cuerpos policiacos confiables, se podría hablar del regreso de militares a sus respectivos cuarteles.

A diez años, el resultado ha sido que México está, cada vez más seguido, en el banquillo de los Estados señalados ante organismos continentales por la cada vez más frecuente violación de derechos humanos en operativos federales, personas desaparecidas por efectivos policiacos. Casos documentados y videograbados –como el difundido en abril pasado en Guerrero–donde se muestra la tortura a civiles por parte de militares y marinos.

Las quejas han crecido; han afectado la imagen del Ejército. La molestia del Ejército mexicano por realizar tareas de seguridad pública no es nuevo.

En noviembre pasado, el representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli consideró que sería benéfico que militares regresaran a cuarteles y dejaran tareas de seguridad:

–Podemos entender que haya una situación de emergencia, pero lo que se debe cuidar es que esta emergencia no se vuelva la rutina.

Uno de los productos que más exportamos es el aguacate. Tanto así que lo que se consume más cada año en el SuperBowl es el guacamole con totopos (léase guacamoule con chips).

Pues bien, en el marco de México Alimentaria 2016 Food Show, que se desarrolla en el Centro CitiBanamex, al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada, se le ocurrió lanzar— ¡el #RetoGuacamole!

¿De qué trata? Pues de ver quien hace el guacamole más sabroso. Así, de plano. Calzada lanzó el “reto” e invitó a José Narro, Claudia Ruiz Massieu, y a Enrique de la Madrid. Y aceptaron.

Fue interesante el reto. Al menos espero que Calzada Rovirosa sí haya practicado el corte de cebolla y no como lo demostró en el tutorial-invitación. O bueno, quizá es que el suyo tiene una forma gruesa de incorporar cebolla.

No estaría de más que nuestros funcionarios vayan pensando en otros retos de  productos de exportación en los cuales México ocupa los primeros lugares. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, estos productos son: la cerveza, tequila, limas y limones y pantallas planas.

¿Qué secretario o secretaria de Estado se apunta para un #RetoTequila? ¿Para ver quién la tiene más grande? La pantalla, claro…

Aplausos para la Auditoria Superior de la Federación, el Senado, la Secretaría de la Función Pública porque tuvieron una idea fantástica: harán una especie de tablero donde  demostrarán el avance que se tiene en los Congresos del Estado en torno a la aprobación de leyes anticorrupción. De esta manera todos nos enteraremos del avance que llevan.

Tomo la propuesta anunciada ayer por Pablo Escudero y de paso, por qué no proponemos un tablero donde se exhiba el avance que llevan los senadores para elegir al Fiscal Anticorrupción, el cual está pendiente desde diciembre del 2014, y ya lo pasaron para el próximo periodo de sesiones. Parece como el tema del Ejército. Todo saben que urge, pero lo pasan al año que entra.

Para estas alturas de la semana sabrá de la invitación a los XV años de Rubí en La Joya San Luis Potosí. El caso se viralizó en redes sociales, ya pasó a la televisión abierta y a medios de comunicación internacionales. ¿Ya habrá patrocinadores oficiales?

Pero no sólo artistas se colgaron de la fama de la joven, sino hasta políticos.

Uno de ellos es Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, quien ayer en su portal de Facebook colocó el siguiente mensaje:

–Queremos que los XV años de #Rubí sigan siendo inolvidables, por eso los hoteleros de #ValleDeBravo le regalarán a ella y a sus papás un fin de semana en este hermoso #PuebloMágico del #Edoméx. ¿Interjet cómo ven si se ponen guapos con el vuelo?

Bueno, qué bien que la invitó a Valle de Bravo, y no a alguno de los 11 municipios mexiquenses donde se emitió la alerta de género ante los números de feminicidios registrados.

Lo que queda del Senado. El nuevo plan de AMLO

Me lo decía una persona que ha vivido de cerca la actual legislatura del Senado de la República: ya no es el mismo desde que inició en septiembre de 2012. ¿La razón? Una sencilla: las bajas y licencias que se han otorgado a muchos senadores y senadoras.

Y es verdad, el 19.5% de la alineación original ya no es la misma. Han dejado su cargo 25 personas, por diversas razones.

 Primero, hay cuatro senadores que han fallecido. Y todos por cáncer. El primero fue Alonso Lujambio, quien sí tomó posesión aunque poco o nada trabajó; ya estaba muy avanzada su enfermedad. Luego también murió, en junio de 2015, el perredista Manuel Camacho. En febrero de este año, el priísta Braulio Manuel Fernández y un mes después,  Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza.

Otros 9 senadores han pedido licencia para ocupar cargos públicos. Seis de ellos en el gobierno federal.

René Juárez Cisneros solicitó licencia en octubre pasado para integrarse al equipo de Miguel Ángel Osorio Chong como subsecretario de Gobierno; Raúl Cervantes solicitó también licencia para ser Procurador de la República; Arely Gómez solicitó licencia en febrero de 2015 para ocupar el cargo de procuradora. Hace unos días fue designada como Secretaria de la Función Pública.

David Penchyna solicitó licencia para ocupar la dirección del Infonavit; Eviel Magaña del PRI solicitó licencia para buscar ser gobernador de Oaxaca. Luego de su derrota regresó pero posteriormente volvió a solicitar licencia para convertirse en subsecretario de Desarrollo Social y Humano en Sedesol y Mely Romero dejó la Cámara Alta para convertirse en subsecretaria de la Sagarpa.

Ana Lilia Herrera Anzaldo se le otorgó licencia para ocupar la Secretaría de Educación del Estado de México, también era Constituyente en la CDMX; Alejandra Barrales dejó su cargo para convertirse en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y posteriormente en presidenta nacional del PRD.

Alejandro Encinas es el único que ha dejado su cargo de legislador para ser legislador. Solicitó licencia para dedicarse a las tareas de presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Él puede hacerlo porque fue designado por Miguel Ángel Mancera.

Y otros 12 legisladores pidieron licencia para buscar otros cargos de elección popular. Nueve son gobernadores actualmente: del PAN: Carlos Mendoza Davis,  de Baja California Sur; Francisco Domínguez , de Querétaro; Javier Corral, Chihuahua; Martín Orozco Sandoval, Aguascalientes; Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y José Rosas Aispuro Torres en Durango.

Del PRI Omar Fayad en Hidalgo; C, en Zacatecas y Claudia Pavlovich, en Sonora.

Otras dos senadoras ahora son presidentas municipales: Maki Esther Ortíz Domínguez, en Reynosa y Juana Leticia Herrera Ale en Gómez Palacio, Durango.

Apenas el jueves pasado, otro senador panista, Luis Fernando Salazar Fernández solicitó licencia para buscar ser candidato a gobernador de Coahuila el próximo año.

Y faltan quienes se apunten para esa misma gubernatura, la del Estado de México –el PRD dará a conocer su convocatoria el próximo domingo– y Nayarit que también se disputan el próximo año.

Andrés Manuel López Obrador presentó el domingo pasado su tercera versión de Proyecto Alternativo de Nación. Recordemos que el primero fue el de 2006-2012, luego vino el 2012-2018 y ahora, la edición 2018-2024.

Propone una nueva estrategia para hacer frente a la inseguridad. ¿De qué manera? Impulsando acciones en materia de bienestar social.

–Cambiará por completo la estrategia para atender el problema de la inseguridad y la violencia. El eje fundamental en esta materia será la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo. Habrá coordinación entre las corporaciones policiacas, perseverancia, inteligencia, pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos, se evitará el contubernio entre autoridades y delincuentes.

Propone duplicar las pensiones que el gobierno da a los adultos mayores y aplicarla incluyendo a los pensionados del ISSSTE e IMSS. Este beneficio también incluiría a las personas con discapacidad. Bajar el IVA y el ISR en la frontera norte. Otra cosa: mejorar el nivel educativo en todos los sectores, que nadie se quede sin estudiar y que no haya alumnos rechazados en nivel superior.

También revertiría las reformas educativa, energética y laboral, por mencionar algunas. Y hacer un tren de pasajeros de alta velocidad de la CDMX a la frontera con Estados Unidos y uno de turismo cultural  para Cancún-Tulum-Calakmul-Palenque.

Cancelará pensiones a ex presidentes, dejarán de gozar también el servicio médico privado. Si gana el candidato de MORENA, bye al avión presidencial: el próximo presidente volará en líneas comerciales. También habrá revocación de mandato.

Me quedo con una de sus citas:

–Ante la crisis de México, la honestidad es nuestra tabla de salvación. Vamos a convertir esta virtud en forma de vida y de gobierno. Nuestra propuesta es acabar con la corrupción, no solo reducirla, sino erradicarla por completo.

A ver qué escriben ahora en Desde la Fe. Ayer, el Papa Francisco publicó su carta apostólica  Misericordia et misera. Ahora los sacerdotes podrán absolver de “pecado grave” a las mujeres que han abortado. La medida ahora es indefinida.

Esto lo dio a conocer al clausurar el Año Santo de la Misericordia, en el cual, permitió que entre el 8 de diciembre de 2015 y el 20 de noviembre pasado, se les diera la absolución a quienes hayan realizado esta práctica.

–No existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido.

¿Alguna organización que se apunte para marchar en contra de la decisión papal?

No sé si en el gobierno federal midieron el otro impacto que, quien sabe por qué, tuvo El Buen Fin. No, no me refiero a las ventas que registraron los comercios, que al parecer superaron las expectativas de los diferentes organismos empresariales. Sino a lo sucedido específicamente en varios estados del país, entre ellos Guerrero, Zacatecas y Estado de México. En el largo fin de semana fueron asesinadas 43 personas.

Pero me referiré al primer estado. Ahí, hasta el cierre de esta columna, en el puente de la Revolución fueron asesinadas 24 personas. De ellos, 11 fueron solo en Acapulco.

Apenas en octubre pasado, los titulares de Gobernación, Marina, Defensa Nacional, el Comisionado Nacional de Seguridad,  y el gobernador Héctor Astudillo sostuvieron una reunión para hablar sobre las tareas, que en materia de seguridad, se emprenderían en la entidad. En Guerrero se localizan 5 de los 50 municipios con mayores índices de inseguridad en todo el país.

Algo deben hacer en el gobierno federal, y principalmente Astudillo. En su primer año de gobierno se registraron 2 mil 20 asesinatos. Es decir, 168 al mes. ¿Volverá a posicionar su hashtag #Guerreroenpaz que usó durante su campaña y que fue una de sus principales promesas?

 

 

Los (muchos) nombramientos pendientes

El stress afecta, querido lector, lectora. Me queda claro después de ver un par de fotografías que ayer circularon de Javier Duarte tomadas con apenas con meses de diferencia.

¡Qué barbaridad! El aún gobernador de Veracruz ha perdido, sin exagerar, 20 kilos. O más. Cuesta creerse que se trata de la misma persona.

El reportero y columnista Alejandro Aguirre Guerrero (que de Veracruz sabe todo) me dijo ayer que Duarte sí dijo en algún momento antes de la campaña que se puso a dieta pero claramente, y no es para menos, todo se ha agudizado tras que el PRI –y él– perdió la gubernatura.

O quizá será que le dijeron que iban por “peces gordos” y no quiso dar el perfil.

Lo cierto es que, como Miguel Ángel Yunes toma posesión hasta el 1 de diciembre, si sigue así, Duarte va a desaparecer (y no porque huya de la justicia que, bueno, también es una posibilidad)

En cuanto arranque septiembre, en el Senado tendrán que procesar cientos de perfiles para distintos nombramientos. Será una conjunción de varios procesos que tendrán un añadido interesante: deberán de ser aprobados por la Cámara Alta a propuesta de ternas o sugerencias de distintos actores o instituciones.

No son pocas las personas que se nombrarán y los cargos en disputa son muy importantes.

Vamos por partes:

El Presidente, por ejemplo, tiene que mandar su propuesta para un nuevo secretario de la Función Publica ahora que le renunció su amigo Virgilio Andrade. Debe mandar sus propuestas para 16 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los 3 magistrados de cada una de las Salas Regionales, de los integrantes de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y 10 magistrados supernumerarios de Sala Regional.

En el tema importantísimo de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus resistencias será nuevamente puesto a prueba. Aquí no hay que quitar el ojo de quiénes integrarán la terna que propondrá el Presidente al Senado para convertirse en el o la nueva súper fiscal anticorrupción que aunque dependerá orgánicamente de la PGR y después de 2018, de la Fiscalía General. Quien resulte electo para esta particular rifa del tigre debe ser alguien que provoque confianza y de todos. Lo votará el pleno del Senado con dos terceras partes.

Será interesante ver cómo los senadores también resuelven otro pendientazo: quiénes serán los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del mismo SNA. Primero, los senadores elegirán una “Comisión de Selección”, integrada por 9 personas (cinco propuestos por instituciones de educación superior  y cuatro por organizaciones de la sociedad civil expertas en temas de transparencia), quienes emitirán la convocatoria respectiva para integrar dicho Comité.

Quienes resulten seleccionados deberán ser, luego, ratificados por el pleno del Senado.

(¿Se dan cuenta, por cierto, de nuestro institucionalizado y legalizado nivel de desconfianza al poner tantos candados para la elección de este grupo? No es crítica, sólo enunciación de realidad. Este Comité es importante porque ellos propondrán los formatos que harían realidad la aplicación de la iniciativa #3de3. Además, los integrantes de este Comité se rotarán la presidencia del Comité Coordinador de todo el SNA).

Los senadores también recibirán ternas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Para el 4 de noviembre deben estar ya electos y aprobados por las dos terceras partes del pleno nada menos que 7 nuevos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Tendrán una temporalidad escalonada: dos magistrados estarán por tres años; dos más por seis años y tres por nueve años.

Actualmente hay una lista de 130 aspirantes que atendieron la convocatoria emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se revisará y enviarán al Senado las siete ternas.

Roberto Gil, quien es aún Presidente del Senado, dijo que sería idóneo que desde la sociedad civil también se vigilara el procedimiento con el que la SCJN elegirá a los candidatos. Interesante.

No es cosa menor el TEPJF: serán los encargados de calificar la elección presidencial del 2018 que si sigue como va, podría presentar un panorama muy cerrado…

Alberto Lujambio ayer escribió un texto interesante sobre el uso de citas de la Biblia (sobre todo el Antiguo Testamento) para criticar decisiones políticas. Viene al caso por el tuit reciente de AMLO: “No pagar a los maestros es anticonstitucional y antibíblico: “No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente”.

El problema del Levítico, apunta Lujambio es que también dice esto otro, por ejemplo: “No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto infame”.

Ups.

#3 de 3 y copy paste presidencial

Nada emocionante se prevé el mini periodo extraordinario que hoy se vivirá en el Senado. La única duda parece estar en si el PRD –como un acto simbólico–votará en abstención cuando se discuta si se avalan o no las observaciones de cambio hechas a la #Ley3de3 por el Presidente para quitar responsabilidades a particulares que los legisladores no quisieron darle a servidores públicos.

El proyecto de dictamen de las tres comisiones que encabezan PAN, PV (por lo tanto el PRI) y Alejandro Encinas (no del PRD pero cercano) parece indicar eso.

Aceptan que se equivocaron al aprobar que los empresarios y otras muchas personas físicas tuvieran que presentar su #3de3, que esto es incluso una “violación a sus derechos humanos”. Ok: un mea culpa.

Se coqueteó con la idea de hacer ¡aunque fuera! algunos cambios a los artículos observados, aunque fuera de “forma” y no de fondo. ¿Para qué? Ah, para poder decir que el Poder Legislativo no es una “oficialía de partes” de Peña Nieto, salvar el honor y la independencia. Pero a la mera hora ni eso. Quedó tal cual: hicieron copy/paste presidencial.

Recuerde que le hablo de la reserva hecha básicamente al Artículo 32 por el senador “independiente”Manuel Cárdenas Fonseca, que presentó en la madrugada del 15 de junio. La presentó y se aprobó sospechosamente fast track y votada por senadores de todos los partidos. (Muchos dicen, incluso priístas que los agarraron en curva, que fue bien rápido y ni le pensaron. ¿Les creemos? Si sí, queda claro que en las Cámaras no hay que dormirse ni un minuto).

Como sea habrá que estar pendientes, por si las moscas. La reunión de Comisiones está citada a las 9:30 y la del pleno se daría por las 13 horas. Ahora quizá la adelanten porque no irá el presidente de Italia, Sergio Mattarella, a una sesión solemne como estaba planeado. Se va por los atentados terroristas en Bangladesh, donde hay víctimas italianas.

Ahora, quizá sí habrá show: senadores que presentarán reservas y propuestas de enmiendas a los artículos observados, sólo quedará constancia de ello y no pasará nada.

No descarte que también alguien suba a insistir que habrá que incluir la obligación de las 3 declaraciones, es decir el #3de3, pero la verdad es que es que, jurídicamente, es improcedente. Como el Presidente no se atrevió (bueno, queda claro que el tema de la lucha anticorrupción en realidad no le interesa, aunque diga lo contrario) a tocar el Artículo 29 con su mini veto, sería como llevar a la mesa la discusión de las arañas (o las ratas) cuando se está analizando el elefante en la habitación.

Y así termina la triste historia del mini veto presidencial de la #Ley3de3 que no incluye ni excluye el #3de3 a servidores públicos.

Y sí, leyó bien. No cantinfleo, querido lector, lectora. Recuerde que para no ponerlo ahí (la clara obligación de hacer públicas las tres declaraciones), en la ley que correspondía claramente, quedó una redacción que deja abierto si se cumple o no esta obligación a otra instancia. A lo que pueda estipular el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que será nombrado por los mismos legisladores que no quisieron ponerlo en la ley que correspondía.

Y así terminará la triste historia de la primera gran iniciativa ciudadana que quería que los servidores públicos presentarán declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales que firmaron 634 mil ciudadanos. Habrá que recordarlo. Recordarlo bien.

Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, ya no ve lo duro sino lo tupido en las redes sociales.

El miércoles 29 de junio se envalentonó y dejó clara su posición ante las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE:

–Hemos sido tolerantes a excesos criticables.

Uy.

Quién sabe quién asesora al joven gobernador chiapaneco, que nació el 7 de abril de 1980, porque su postura rápidamente se hizo viral por una razón de similitud histórica que eriza la piel.

Su postura e incluso fraseo fue casi idéntica a la del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz el 1 de septiembre de 1968, casi un mes antes del trágico 2 de octubre de ese año con respecto a las manifestaciones estudiantiles:

–Hemos sido tolerantes hasta excesos criticables.

Ayer, Velasco intentó hacer Operación Curita. Publicó un desplegado en el que detalla que de ninguna manera intentó amenazar a quienes realizan bloqueos en su entidad. Que no lo hizo para justificar el uso de la fuerza ni nada de eso.

Mmmmm, ¿de quién habrá sido la genial idea de retomar un discurso de 1968 cuando Velasco aún ni nacía? ¿O sólo es una coincidencia y las ideas (autoritarias) están en el aire?

Mal inicia la semana para el presidente Enrique Peña Nieto y para el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Los dos están en el peor nivel de aprobación de su historia.

De acuerdo con la encuesta dada a conocer ayer por El Universal, realizada por Buendía y Laredo, entre el 24 y 28 de junio pasado, es decir después del fatídico #5J para los priístas, un 63 por ciento de los encuestados “reprueba mucho/algo” la gestión de Peña Nieto, contra un 29 por ciento que “aprueba mucho/algo”.

En noviembre de 2015 la desaprobación era del 51 por ciento y la aprobación estaba en un 42 por ciento.

En el caso de Mancera, el 2015 lo cerró con un 48 por ciento de “desaprueba totalmente/desaprueba” y un 30 por ciento de “aprueba totalmente/ aprueba”. Lástima que en este primer semestre de 2016 no pudo repuntar e incluso aumentó sus bonos a la baja. Ahora presenta un 70 por ciento de “desaprueba totalmente/desaprueba” contra un 17 por ciento de “aprueba totalmente/ aprueba”.

A la pregunta si el Presidente o el Jefe de Gobierno tiene un mejor desempeño, Mancera gana con un 30 por ciento, contra un 13 a favor de EPN.

Margarita Zavala es cuidadosa al hablar del 2018, y el panorama que le puede esperar dentro de su partido para la candidatura presidencial.

De Ricardo Anaya dice que no lo ve como enemigo por la candidatura presidencial, sino como el jefe nacional del PAN, mientras que a Rafael Moreno Valle lo vé como un compañero.

–Yo a los adversarios del PAN no los veo peligrosos, los veo como adversarios, nada más.

Zavala es de la idea de definir cómo el PAN elegirá a su candidato y no dejar pasar más tiempo. Cree en su partido y por lo pronto, no quita el dedo del renglón para ser la abanderada blanquiazul. La candidatura independiente por lo pronto está en standby.

Dice que el PRI “no se va a esperar, se está reagrupando, está haciendo lo necesario”.

Pero por lo leído en la entrevista en El Universal, Zavala trae entre ceja y ceja a Andrés Manuel López Obrador.

Le reconoce ser persistente por llegar a la candidatura presidencial, que su discurso “raya en el odio y la polarización”.

Sobre si le tiene miedo a AMLO, ella responde:

–No, yo creo que ya se dio cuenta que soy un peligro para él.

Y ah, que su esposo, el ex Presidente, no es un lastre, sino una fortaleza.

Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, sigue ganando adeptos no sólo entre sus gobernados sino en otras partes del mundo.

El fin de semana participó en la marcha del orgullo lésbico gay realizada en Toronto, con lo que se convirtió en el primer político de ese país en participar en este evento.

Modesto él dijo que su presencia no debería ser “gran cosa” y de paso anunció que su gobierno analiza la posibilidad de que en documentación de identidad –por ejemplo pasaportes–, se reconozca el indicador neutral “X” de sexo. Es decir, masculino, femenino o “X” como indeterminado.

SNA y los extraños #3de3

Dicen que de la 1 a las 6 de la mañana, legisla el diablo. No podría dar fe de una aseveración así, pero sin duda que sí suceden cosas muy extrañas.

Hablemos del Senado a las 2 de la mañana del miércoles. De pronto, un senador independiente (Manuel Cárdenas Fonseca, quien llegó por el Partido Nueva Alianza, supliendo a Mónica Arriola) sube y se saca de la manga una propuesta de añadido a un dictamen del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Lo presenta.

Sorprende lo que pasa después, senadores de todos los partidos lo escuchan y deciden apoyarlo (95 votos a favor del PRI, PAN, PRD, PT, PV e independientes, 4 en contra del PT y PAN y 2 abstenciones del PAN). Me llama la atención que lo hagan, sobre todo, los priístas, que este sexenio se han caracterizado por planchar (acordar todo) antes de llegar al Pleno y no moverse del acuerdo, sólo para excepciones muy escasas.

Ayer escuchaba a Pablo Escudero, senador sandía (verde por fuera, rojo por dentro) decir que así fue. Casi casi como si hubieran tenido una epifanía y al escuchar la propuesta de Cárdenas de pronto se les reveló una verdad: que la corrupción también viene de la iniciativa privada.

Y entonces, aprueban algo que, de pasar así, haría que todo aquel que reciba dinero público (se puede entender, por la redacción, que hasta un becario de programa social) tenga que presentar su 3de3, es decir, declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal; cuando ellos mismos un día antes, en una sesión también de madrugada, se negaron a imponerse esa obligación.

Suena como a psicología inversa en un irracional racional. Algo así como: “No me pidas que haga yo lo que tú mismo no estás dispuesto a hacer” y dirigido a la clase empresarial que promovieron el 3de3, la Coparmex, en particular (que por cierto, ayer distribuía “kits anticorrupción” y ¡¡quién los viera!! hasta a El Ángel fueron a manifestarse).

Suena así también por la respuesta de Emilio Gamboa de que ellos, los legisladores, también tenían “ocurrencias”.

En fin, raro, muy raro. ¿En serio el PRI quiere, además pelearse con los empresarios? No parece una buena idea. Pero bueno, tantas cosas que pasan en este país no lo son.

Parece evidente que un artículo así no podría pasar. ¿Se imagina? ¿Qué institución en el mundo podría procesar millones de 3de3? ¿O es sólo una cortina de humo para dejar a un lado las críticas a los senadores que una noche votaron en contra –o ni votaron– de la obligación de publicar su propio 3de3 que era la petición más visible de la iniciativa ciudadana que se discutió?

Ojalá y no trastoque los acuerdos, buenos, a los que sí se llegaron con otras partes del Sistema Nacional Anticorrupción que ha ido avanzando (quizá no tan rápido como muchos desearíamos).

Pero ahora volvamos a la otra votación de la madrugada del miércoles. Gracias, es un decir, a que varios senadores no votaron a favor de la #3de3, salió descafeinada. O al menos sin el artículo más mediático y pedido (que más resistencias enfrentó también) en una suerte de limbo donde nada bueno se antoja pueda salir.

Una cosa queda clara: qué miedo, pánico, le tiene la clase política a dar a conocer la riqueza, que, se antoja evidente, tienen. Deben tener medido lo que provocaría que lo supiéramos y no les conviene. La pregunta es si el hecho de cerrarnos la puerta en la nariz, a pesar de más de 600 mil firmas ciudadanas, tendrá un efecto menor.

La votación fue cerrada y si la oposición hubiera votado toda a favor, hubiera salido, pero no. Una serie de contratiempos, pretextos y sencillas pichicateces lo impidieron.

Con 59 votos en contra; 51 a favor, 1 abstención (de Ana Gabriela Guevara) y 17 senadores que no votaron, no habrá la obligación de los funcionarios públicos de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.

La bancada del PT, muy cercana también a Morena, decidió que entre algo y nada, preferían la nada. O esa es la versión oficial. Manuel Bartlett hizo saber, a nombre de Héctor Adrián Menchaca, Martha Palafox (quien no asistió a la sesión), Carlos Manuel Merino, Marco Antonio Blásquez Salinas y Layda Sandores, las razones de los senadores del PT del por qué no votaron, punto. Ni a favor ni en contra: no estaban de acuerdo porque el Presidente no se hacía responsable de delitos de corrupción porque no se juzgaba a los expresidentes, entre otras cosas.

Es una pena. Layda Sansores dijo, un día después que el no voto lo consideraba un error. Demasiado tarde. ¿Por qué lo habrán hecho en realidad? ¿O usted cree en la versión de Bartlett?

La senadora Luz María Beristain, del PRD, publicó en su página de Internet la razón del su voto en contra. Se justificó al decir que dictamen “desvirtuó la iniciativa ciudadana quedando en una ley que no responde a la propuesta que impulsaron asociaciones civiles”. Pues quien sabe porqué el resto del PRD no lo consideró así.

El senador panista Héctor Larios dijo que estaba en un asunto personal y no calculó bien los tiempos para regresar a tiempo.

Busqué la justificación del ex coordinador de los panistas, Jorge Luis Preciado. Su vocero me pidió un poco de tiempo y hasta el cierre de este espacio no recibí respuesta.

Teófilo Torres, del PRI, justificó ante la mesa directiva su inasistencia antes de la votación

Hubo tres senadores con problemas de salud:

Adriana Dávila, senadora del PAN por Tlaxcala, presentó hasta justificante médico: infección en vías urinarias. De acuerdo con la receta emitida por Patricia Rosales Cruz, doctora del servicio médico del Senado, fechada el martes 14 de junio, quien le “sugiere reposo relativo de 2 a 3 días”. Ella lo tomó inmediatamente.

El senador panista José María Martínez Martínez dio su explicación en su portal de Facebook. Igual, enfermedad. Que no ha ido ni al Senado y lo informó antes.

Benjamín Robles, quien fue candidato del PT al gobierno de Oaxaca, presentó signos de agotamiento. Aunque durante la sesión del martes presentó reservas en torno al proyecto de 3 de 3, cuando subió tribuna comenzó a tener problemas de gesticulación. Lo llevaron al hospital; otra opinión médica lo corrobora. Tendrá 15 días de reposo.

Alejandra Roldán Benítez, quien es suplente de Lorena Cuéllar, quien buscó la gubernatura de Tlaxcala tampoco votó. Ni en el PRD saben porqué.

 

La homofobia mata

Disculpen que hoy me ponga personal. No lo puedo evitar: para mi el tema de la muerte, el rechazo al homosexualismo (la homofobia) y la religión van de la mano, se muerden y alimentan. Así fue en mi familia.

La coyuntura noticiosa me da para hablar de ello hoy: está la masacre de Orlando, al parecer motivada por homofobia (no necesariamente religión); pero sí está el rechazo homófobo –lo siento, lo es– de la Iglesia Católica del mundo, pero hablemos de la mexicana, al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En los pasados días no hemos observado, de parte de algunos sacerdotes u obispos, sus mejores momentos de misericordia y amor, digamos.

Me parece increíble escuchar hablar a un obispo, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo , de lo que es “normal” y lo “anormal”. A otro, Jonás Guerrero Corona , burlándose de Enrique Peña Nieto por su iniciativa igualitaria. Dijo que quizá lo que él quería era un “Gavioto”. Ser gay no tiene nada de malo, pero en este contexto, más que chiste, se llama violencia verbal.

Me parece inaudito leer los editoriales de “Desde la Fe” (órgano de comunicación del Episcopado Mexicano) donde califican de “inmoral” cualquier familia que no sea la tradicional. La única que reconocen, pese a la realidad.

¿Cómo entender que, al mismo tiempo en la historia, tenemos a un Papa que dice: “¿Quién soy yo para criticarlos?” (y que medio abre la puerta a un cierto reconocimiento tibio) junto a un arzobispo primado que clama: “inmoral”?

Para acabarla, llega a mi correo un mail de un lector que cuestiona qué es la homofobia. Y en pleno siglo XXI, pregunta si tras las uniones entre personas del mismo sexo (adultos que se enamoran y deciden estar juntos), se buscará hacer legal la pederastia (que es un abuso e involucra a una o un menor de edad). Hágame favor.

Parece que no comprenden algo muy sencillo: aquí hablamos de dos personas que se quieren. Y que se quieren pese a todo (que ser gay en muchas partes de país aún no es sencillo, en gran parte por la cultura homofóbica).

A mi no me cabe duda que la homofobia mata. Está el caso de Orlando, en el club Pulse. El sábado en la madrugada, Omar Marteen, entro ahí y con un arma mató a 50 personas e hirió a 53. Hasta donde nos quedamos en la historia, el detonante fue que le molestó ver a dos hombres besándose unos días antes.

En México, de acuerdo con el informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia y Letra S de Mayo de 2015, en nuestro país se registraron, entre 1995-2015, mil 310 asesinatos de odio. Es decir, un promedio de 65 al año.

Fue en 2012 cuando se alcanzó el mayor número registrado, con 111. Lo peor es que, según esta organización, por cada homicidio denunciado hay tres o cuatro que quedan en la obscuridad y sin justicia.

México es el segundo país con más crímenes de odio, sólo por debajo de Brasil. Del total de crímenes de odio contabilizados, mil 021 correspondieron en contra de hombres, 24 contra mujeres y 265 contra comunidad transgénero, travesti y transexual.

No me cabe duda que la homofobia mata. Literalmente mata.

Pero luego están otros casos, que también hace falta documentar. Personas que mueren no porque alguien les clave un arma blanca (la forma más común de asesinar a personas de la comunidad LGBT) sino porque se sienten constantemente rechazados por su orientación sexual.

Empecé esta columna citando a mi familia, una familia que fue –en pasado— y durante generaciones casi casi “militante” católica.
En nuestra familia sabemos de lo que hablamos porque tuve un tío, Luis Beauregard, que se suicidó a los 33 años y en Semana Santa. Era gay. Aunque el suicidio es siempre multifactorial,  ¿se necesitan más señales de que el rechazo de una institución como la Iglesia –que debería dar solaz y amor—puede provocar si no hay aceptación y priva la homofobia y el rechazo?
Por tercera vez, la homofobia mata. Esa es, como bien dijo Alexandra Haas, presidenta de Conapred, es la única y verdadera patología (que se aprende, uno no nace con ella).
Hablemos de personas, de ciudadanos, de derechos y avancemos

Pero no solamente en las sotanas hay intolerancia criminal. El domingo pasado el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio a conocer el cese de Jesús Manzo Corona, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (¡¡!!), quien en su cuenta de Facebook escribió luego al atentado en el bar de Orlando:

–Lástima que fueron 50 y no 100 (y luego tres emoticons llorando).

Ayer en el Congreso de la Unión inició el periodo extraordinario de sesiones, el cual finalizará el próximo viernes 17. El tema central será sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, que tenía que haber sido aprobado desde el pasado 28 de mayo.

Ayer las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y de Estudios Legislativos sesionaron a fin analizar el proyecto de dictamen para de una vez por todas sacar adelante el SNA. Veremos si sale la iniciativa presidencial para el consumo de marihuana con fines médicos o deciden enviarla al próximo periodo ordinario que inicia en septiembre próximo.

En la Cámara de Diputados, con 414 votos a favor y 37 en contra se aprobó el desafuero de la diputada panista Lucero Sánchez López, quien se habría reunido con Joaquín “El Chapo” Guzmán con una identificación falsa.

Veremos si a los diputados les alcanza el tiempo para sacar adelante las leyes aún pendientes del Sistema de Justicia Penal.

Él lo dijo:

–Esta lucha electoral no debe significar una derrota política: Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del PRI, al hacer un balance de las victorias y derrotas en las elecciones del pasado 5 de junio. Bueno, pues hagan algo.

¡Virgilio sí va contra la corrupción! Chambas para Egidio

Ayer en el Senado finalmente se convocó a un periodo extraordinario. Se reunirán entre el 13 y el 17 de junio para, entre otros temas, aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). A pesar de que podría parecer lo contrario, no sólo las organizaciones de las sociedad civil y algunos legisladores estarían interesados en que salga. ¡También el gobierno federal!

Lo digo por la entrevista que Ariadna García ayer publicó, en El Universal, con el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Él también expone la urgencia de sacar adelante el SNA. Para Ripley, aunque usted no lo crea.

Dice que una de las fallas que se tienen actualmente en la lucha contra la corrupción es la falta de leyes más rígidas a fin de capturar peces gordos, y no funcionarios de menor nivel y así generar “procesos adecuados que generen un mejor régimen de pruebas” contra funcionarios de primer nivel.

El secretario detalla que justamente una de las acciones que se contiene este sistema anticorrupción está en que se buscará que estos funcionarios sean investigados también por actos de corrupción vinculados a servidores de menor jerarquía.

Hablamos del mismo funcionario y amigo del Presidente quien, en agosto de 2015, exoneró tanto al presidente Enrique Peña Nieto como al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la compra de sus casas a grupo HIGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú (contratista del gobierno).

En ese momento, Andrade informó que tanto Peña Nieto como Videgaray no incurrieron en anomalías, debido a que cuando adquirieron la casa, no eran funcionarios federales, tampoco cayeron en conflicto de intereses.

–(¿Por qué no caen peces gordos?, le pregunta Ariadna) Existen distintas razones. Una primera razón es que efectivamente el sistema administrativo delega funciones, entonces no necesariamente una decisión tomada irregularmente fue hecha por un funcionario de nivel superior… el sistema de probar la relación directa del funcionario superior con alguna toma de decisión irregular también requiere de fortalecimiento a nivel particularmente de carácter penal, y por eso se discute dentro de la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción esta temática.

Así de claro. Así de importante lo que se discutirá en el Congreso de la Unión pronto.

En este país, hoy, parece que ni cómo hacerle para castigar a los corruptos. Ahí tiene hace dos días la “confesión” (¿por qué hasta ahora, por cierto, en pleno proceso electoral?) de Felipe Calderón sobre la corrupción en el gobierno de Veracruz de Javier Duarte y como ni él pudo hacer nada.

Y mire que vivimos en un país aún súper presidencialista.

 Cada día que pasa son más las dudas sobre lo sucedido a Alan Pulido la noche del pasado sábado cuando salía de una fiesta, en Ciudad Victoria, en compañía de su novia.

Sabemos que en 24 horas, las autoridades federales y estatales realizaron un operativo que lo usan para otros casos de ciudadanos que han sido secuestrados. Eso dicen.

Sabemos que no fue precisamente este operativo por medio del cual se dio con el paradero, sino a las tres llamadas que el jugador del Olympicos de Grecia logró hacer al 066, tras forcejear casi como gladiador con sus captores, para dar con su paradero. Armando Pulido, hermano del futbolista, declaró que les pidieron 6 millones de pesos como rescate, y las autoridades informaron ayer de la detención del presunto autor intelectual del secuestro: el esposo de la prima del futbolista.

Como lo decía ayer Alejandro Hope, Pulido se topó con unos “émulos de Zetas”, y logró zafarse, someterlo, y hablar por teléfono.

Todos sabemos que la delincuencia organizada precisamente no se caracteriza por su sensibilidad hacia sus víctimas.

Si así de bien funcionan las autoridades de Tamaulipas me imagino que en el gobierno federal estarán pensando traerse a Egidio a la Ciudad de México ahora que termine su gestión. ¿Qué tal al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, a la Procuraduría General de la República? ¿al CISEN para aprovechar su potencial de servidor público en materia de rescate?

 En Aguascalientes, no solo los partidos políticos aprietan tuercas en la recta final por la pelea de esa gubernatura.

Hay un factor extra, encabezado por José María de la Torre Martín, obispo en esa entidad.

Sacerdote sin partido, decidió enviar una carta a los electores que acudirán el domingo a elegir al nuevo gobernador, con un ligero toque inclinado a criticar la presidencial de matrimonio igualitario.

–Al votar defiendan los principios y valores del evangelio…la familia natural (¡órale!), constituida por un hombre y una mujer, libres…

Por cierto, dado que la Iglesia y sectores conservadores pelean que las uniones de hombre-hombre o mujer-mujer no se llamen “matrimonios”, ¿qué tal que lo extinguimos? Que todo se llame “unión civil” y ya.

De gira por Tajín, el candidato de la alianza PRI-Partido Verde, Héctor Yunes se aventó una puntada digna de analizar.

Bueno, él dice que repitió lo que le dijo alguien de la Ciudad de México; pero no por eso deja de ser interesante.

Ya sabe que allá, tanto él, como su primo Miguel Ángel Yunes, del PAN—PRD y Cuitláhuac García, de MORENA, ya se vieron en el Palacio de Gobierno.

Pues bien, según Héctor Yunes, ganar esa gubernatura sería algo más que un reto:

–Eso me dijo alguien que me llamó por teléfono de México, me dijo que sería una ‘hombrada’ ganar estos comicios , porque estaba muy complicado y nadie daba un peso hace un mes porque fuéramos a ganar, y ahora la apuesta se revirtió.

“Hombrada”, de hombres. ¡No vayan a pensar que alguien tal hazaña podría calificarlo como una “mujerada”! Pfff.

Por cierto, ¿sabe querido lector, lectora, quién ya amenazó con dejar Veracruz si pierde el PRI?

¿Javier Duarte temiendo una cacería? No. Se trata de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Él lo escribió:

–Yo creo que alguien de su equipo ya debía haber buscado un análisis entre especialistas para ver cómo se suben a ese carro y lo agregan como factor, no como lastre. Se lo decimos Rito y yo, #JuaydeRito: Joaquín López Dóriga, al referirse al controvertido silbato de Miguel Ángel Mancera.

Senadores, #Periodo ExtraodinarioYa

Terminó el periodo ordinario de sesiones y ni sus luces la discusión de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora la disyuntiva es: ¿se hará un periodo extraordinario de sesiones para buscar aprobarlas antes de la fecha estipulada en la Constitución que el 28 de mayo?

Los usos y costumbres de nuestra clase política –pero no la legalidad– marcarían un claro NO. En este país todo se pone en corchetes durante los muchos periodos electorales; se dice que en esos tiempos es menos probable llegar a acuerdos porque se encuentran en “guerra” política unos con otros y los acuerdos son más difíciles de alcanzar.

Senadores han dicho que Emilio Gamboa, enfrentado por el plazo constitucional (que ellos mismos votaron) argumentó, quitándole importancia: “Violamos la Constitución todos los días”. No, pues sí.

La verdad es que no hay razón para no hacerlo y sólo si hay una presión de parte de nosotros los ciudadanos se discutiría, pronto. En Change.org ya está la iniciativa para exigir #PeriodoExtraordinarioYa. Hasta ayer tenían ya más de 82 mil firmas y confío que este número crezca y crezca.

Hay dos temas que se están atorando. Por un lado las famosas declaraciones #3de3: Patrimonial, de Intereses y Fiscal. Al menos los priístas son claros en decirnos que no las quieren y argumentarlo, bueno, intentar hacerlo.

Vea lo que dijo César Camacho Quiroz, este fin de semana, en Zacatecas, de por qué no hacerlo: “Hay temor que las puede usar el crimen para atentar contra quien los haga públicos”.

Vaya. Lo que no entiendo es cómo precisamente ellos, clase priísta en el poder, que insisten en que el gobierno va bien y de buenas, que los números de la delincuencia disminuyen (nosotros no los vemos porque tenemos mal humor) hacen patente así su desconfianza en el Estado que debería protegerlos. Es notable.

Sería importante que salga lo antes posible. Hay atención ahora; luego se nos puede disipar en otras cosas. Claro, también es un reto que nos tomemos tan en serio esta importante reforma y su implementación, como para no soltarla…

Sabremos más el miércoles 4 de mayo cuando sesione la Comisión Permanente. Hay que estar pendientes.

 

Hoy 3 de mayo, se cumplen 8 años de que nuestro país ratificó el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI que hace 15 propuso un mexicano al mundo: la Convención por los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. El mexicano que lo hizo es Gilberto Rincón Gallardo. Es una Convención importante porque plantea un cambio de paradigma radical para ver a las personas con discapacidad: de sujetos de asistencialismo a titulares de derechos.

Hoy, en Los Pinos, EPN tiene, apenas, el segundo evento de su gobierno sobre el tema de personas con discapacidad. Nuestro país tiene 58 recomendaciones de la ONU para implementar esta Convención desde octubre de 2014. ¿Hoy hará algunos anuncios para cumplir algunas de ellas? Se espera que sí. Además de que será un fuerte espaldarazo para la nueva titular del Conadis, Mercedes Juan.

 

El otro tema que no tiene consenso o mayoría (que no es lo mismo, lo digo para aquellos en la PGR que lo creen) es el destino de la nueva Fiscalía Autónoma en la que se convertiría la ahora PGR y su componente de anticorrupción para sancionar. Si bien su discusión no está en este paquete de 5 o 7 iniciativas de ley que se discutirían en el periodo extraordinario, sí es parte integral del cambio propuesto en la mesa y plasmado en la Reforma.

Recuerde que quedamos en que será un cargo por 9 años, es decir, transexenal, para evitar que el partido en el poder coloque en esta posición a alguien que cuide las espaldas de funcionarios en turno. O esa es la idea.

Al parecer no hay prisa alguna de nadie –ni del PRI, ni del PAN que bien podría condicionar su voto en otros temas– para sacarla pronto. Y esto resta posibilidades de que su actual titular, Arely Gómez, sea la designada.

Gómez está metida en un predicamento por el caso Ayotzinapa, para variar y ahora las posibles irregulaidades cometidas por Tomas Zerón (Tomás Zembrón, lo bautizaron en las redes). NO es un personaje cercano a ella, pero sí a muchos otros pesos pesados no sólo de este sexenio, sino de anteriores. Un nombramiento que si bien respetó, no es suyo, de su equipo cercano.

Zerón ha sido colaborador-amigo de Humberto Castillejos Cervantes, hoy consejero jurídico de la Presidencia, y de Alfredo Castillo Cervantes, ex procurador del Estado de México y hoy titular de la CONADE. Un tercero que siempre aparece cuando se nombra a los anteriores es el primo Raúl Cervantes, senador. Pero él ya dijo que no quiere ser nombrado fiscal. ¿Le creemos?

Con Castillo fue parte del equipo que participó en las investigaciones para dar con el paradero de la niña Paulete Gebarah Farah, quien desapareció en su departamento. No se tuvo noticias de la niña sino 9 días después, cuando su cuerpo fue descubierto a los pies de su cama, sin que nadie, ni peritos ni familiares, la localizaran antes.

Zerón también fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, en 2007, con Genaro García Luna, pero su paso como director de Control Policial de Seguridad Regional, antes Policía Federal de Caminos, fue marcado por el enfrentamiento del Cártel del Golfo y policías municipales en Cananea, Sonora. Fue despedido.

Curioso fue que ninguna autoridad de la Policía Federal detectara a los delincuentes en los 500 kilómetros de carretera que transitaron.

 

Si la encuestas no mienten, el próximo 5 de junio Lorena Martínez Rodríguez, candidata de la alianza PRI-PV-Nueva Alianza y Partido del Trabajo, podría ganar la gubernatura de Aguascalientes.

De acuerdo con la encuesta publicada ayer por El Universal, ella tendría 30 por ciento de las preferencias, contra 26 por ciento de Martín Orozco Sandoval, del PAN.

En tercer sitio estaría Nora Gómez Ruvalcaba, de MORENA, con el 3 por ciento de la intención del voto.

Lo malo para Lorena es no saber encarar situaciones como la registrada el sábado pasado en un acto de campaña. Le dio la palabra a Gabriela López Santos, quien le manifestó su rechazo a votar por José de Jesús Ríos, candidato priísta a la alcaldía de Aguascalientes. Gabriela dijo que no votaría por él porque no le cumplió la promesa hecha hace un año, de darle una tomografía. La situación llegó al grado que cerraron el micrófono y sutilmente la sacaron del escenario.

En Tlaxcala también el próximo 5 de junio podrían elegir a una gobernadora. Allá, Adriana Dávila, del PAN tiene un 30 por ciento de intención del voto contra el 29 por ciento de Lorena Cuellar, del PRD-PT. Están casi empatadas. En tercer sitio está Marco Antonio Mena, de la alianza PRI-PV- PANAL y Partido Socialista.

 

Él lo dijo:

–Dicen que (Donald Trump ) no tiene la experiencia necesaria en política exterior para ser Presidente. Pero de hecho, él ha pasado años reuniéndose con líderes de todo el mundo: Miss Suecia, Miss Argentina, Miss Azerbaiyán…. : Barack Obama

 

Sí a la marihuana…medicinal. GIEI-Ayotzinapa: el estado ¿culpable?

Ayer se dio el primer paso para que en México se despenalice la marihuana con fines médicos, por ahora.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó un paquete de medidas, resultado de los debates convocados. Ayer mandó al Senado reformas a la Ley General de Salud Pública y al Código Penal Federal. Se plantea que por fin se podrá tener acceso a medicamentos producidos con marihuana, como el Cannabidiol. Es más, podrían importarse o bien producirse (sembrar y cosechar para este fin, incluso) en el país. Se permitiría la investigación.

Ahora se atenderá el problema desde un punto de vista de salud pública, derechos humanos y no de seguridad. Eso sí, la estrategia en materia de seguridad sigue.

Adiós a la criminalización del consumo, se buscarán métodos de prevención. Con la reforma al Código penal se permitiría la posesión de hasta 28 gramos de yerba, como se hace en otros países. Ojo, ayer el presidente declaró que esta reforma permitiría que mucha gente que hoy está enfrentando procesos por haber tenido una cantidad menor a la que se está proponiendo, eventualmente sea liberada.

Este cambio no se hubiera dado sin la lucha que dieron Raúl Elizalde, Mayela Benavides, y más padres de familia emprendieron para lograr que sus hijos, la mayoría con epilepsia, tuvieran acceso a medicamentos elaborados a base de marihuana.

Algo debe tener el Senado, o algunos de sus integrantes, para trabar las discusiones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ayer por la mañana se realizó una mesa de discusión, la cual se fue a receso por temas en el pleno. Se reactivaría por la tarde, pero algunos senadores (básicamente del PRI y Verde) mandaron una carta en la que manifiestan que, porque tienen mucho trabajo, prefieren que la discusión sea…por escrito. ¿Y el Parlamento Abierto? Parece que le tienen miedo al soundbyte.

Cómo estará el compromiso del PRI-PV que propusieron presentar un Problemario en torno a los proyectos a discusión. Hasta Juan Pardinas daba respuesta diciendo que entonces sería necesario elaborar la contraparte: un Solucionario.

Lo poco que se avanzó por la mañana radicó en la integración del Comité de Participación Ciudadana, la información que se contendrían en las declaraciones públicas patrimoniales y fiscales de los servidores públicos.

A este paso, la apuesta es seguir discutiéndolo y el lunes tener un documento listo para dictaminar.

Lo que fue una gran oportunidad para que México, como Estado, mostrara al mundo su voluntad sobre la colaboración internacional en materia de respeto a los derechos humanos y en llegar a la verdad sobre un caso emblemático, Ayotzinapa, está por verse.

El próximo domingo 24 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, presentará su informe final sobre su labor en México en torno a los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014. Su periodo termina el día 30 pero no habrá prórroga. Al contrario, pareciera que al gobierno federal le urge que abandonen el país ya.

Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscará un mecanismo de seguimiento en torno a la investigación y las recomendaciones que el GIEI hará sobre este caso. Será interesante ver cómo lo hacen; después de todo, hay medidas cautelares dictadas.

¿Qué presentarán Angela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Beristáin, Francisco Cox y Alejandro Valencia el domingo a las 10 de la mañana en el Claustro de Sor Juana?

Al interior del gobierno existe el temor de que el GIEI declarará al Estado Mexicano culpable de la desaparición de los jóvenes y que pedirán que se los indemnice en millones de dólares, de acuerdo a obligaciones que México ha contraído al firmar Convenios en materia de derechos humanos. Al menos así me lo dijo un alto funcionario el otro día.

No sé que vaya a decir el GIEI, pero esto no es exacto. Me gustaría explicarlo si bien con pinceladas.

El GIEI es una instancia de apoyo, no va a dictar una sentencia. Va a hacer recomendaciones y presentar sus conclusiones. El GIEI fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , que no puede dictar una sentencia: esa es la Corte Interamericana (CoIDH). Falta todo un proceso para ello. ¿Pinta que va para allá? Sí, sin duda, pero eso podría tardar muchos años (décadas, a veces).

Ahora, desglosemos la preocupación del gobierno:

Que el Estado sea declarado culpable: El Estado sí es culpable. No el gobierno federal y no EPN; no hay que confundir. Pero si participaron policías municipales y si participaron otras fuerzas federales (como lo dice la CNDH) éstos son parte del Estado. El Estado sí sería culpable: eso es “desaparición forzada”.

Que se dicten indemnizaciones millonarias. ¿A cuánto han ascendido otras? Veamos el caso Rosendo Radilla, que desapareció el 25 de agosto de 1974 y la denuncia contra el Estado se presentó el 15 de noviembre de 2001.

En la sentencia, la CoIDH obligó al Estado a pagar 12 mil dólares por los ingresos no recibidos por Rosendo Radilla; mil 300 dólares por concepto de atención médica y psiquiátrica a víctimas de este caso; 80 mil dólares a favor de Ronsendo Radilla por concepto de daño inmaterial; y para Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez, 40 mil dólares a cada uno por daño inmaterial. Para la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, así como para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 25 mil dólares. Total: 238 mil dólares que sí depositó el Estado.

Pero el dinero no es todo. Hubo otras medidas quizá igual de importantes: la reparación integral del daño. No es sólo dinero. Es ofrecer disculpas, tomar medidas para la no repetición, legislar…

Le pongo algunos otros casos:

1) El 22 de septiembre de 2009, la CoIDH emitió la sentencia Caso Anzualdo Castro vs. Perú. En dicha sentencia se estipuló que el Estado tenía que pagar 15 mil dólares por concepto de gastos generados por la familia, desde la desaparición; otros 140 mil dólares por la pérdida de ingresos a raíz de su desaparición; 80 mil dólares a favor de Kenneth Ney Anzualdo Castro, como compensación por daño inmaterial; 50 mil dólares para cada uno de sus 3 familiares cercanos y 20 mil más para otro, por daño inmaterial; más 14 mil dólares para dos asociaciones que participaron en este proceso. En total, 419 mil dólares.

2) El 26 de agosto de 2011 en el caso de “Casto Torres Millacura y otros vs Argentina”,

La CoIDH ordenó al Estado argentino pagar 40 mil dólares a su familia por concepto de ingresos no obtenidos; 10 mil dólares a favor de su madre, por daño material; 5 mil dólares para su hermana Fabiola y 2 mil dólares para su hermano Marcos Alejandro, por daño material; 50 mil dólares a favor de Iván, como compensación por daño inmaterial. Por eso mismo concepto, 35 mil dólares a su madre; 10 mil dólares a su hermana Fabiola y 5 mil para su hermano Marcos Alejandro por afectaciones a su integridad personal. Otros 15 mil dólares por gastos ; otros 10 mil 43 dólares que fueron reintegrados al Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En total, cerca de 142 mil 43 dólares.

3) Está el Caso González Medina y Familiares vs República Dominicana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado una indemnización de 50 mil dólares por concepto de ingresos que dejó de percibir; 20 mil dólares por daño emergente a favor de su esposa Luz Altagracia Ramírez, lo cual se repartiría entre sus 4 hijos por gastos generados; 80 mil dólares a favor de Narciso González Medina por daño material; 50 mil dólares a favor de su esposa por daño material; y 40 mil dólares para cada uno de sus 4 hijos. Por costes y gastos, su esposa recibió 3 mil 200 dólares, 15 mil dólares para la Comisión de la Verdad, y otros 15 mil dólares para el Centro por la Justicia y Desarrollo Internacional.

Además ordenó la integración de 2 mil 219 dólares al Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En total, 395 mil 419 dólares.

Por cierto, para abonar al pesimismo, el Equipo Argentino de Antropología Forense ya presentó su informe sobre su labor en torno a las investigaciones sobre los restos óseos localizados en las inmediaciones del basurero de Cocula y el Río San Juan.

Son contundentes: no se encontraron evidencias en materia de fuego para considerar que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en esa zona. Determinaron que las autoridades no protegieron debidamente esa zona y las evidencias fueron alteradas.

Será que estas cosas sólo suceden en México, pero quién sabe cómo fue que 41 casquillos resultaron amontonados en un sólo lugar, y peor aún: resultó que no son de las armas con las que presuntamente utilizaron los inculpados.

Sólo dos mexicanos figuran en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo, según la revista Time. Se trata de Alejandro González Iñárritu y Gael Garcia Bernal. Entre los líderes están Barack Obama, Angela Merkel, Marucio Macri, Donald Trump , Hillary Clinton, Bernie Sanders, François Hollande , Justin Trudeau, John Kerry, entre otros.

Entre los líderes ya no figuraron ni el presidente Enrique Peña Nieto, quien apareció en el 2013, ni Dilma Rousseff, presidenta brasileña.